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A raíz de la polémica levantada hace algunas semanas, donde se cuestionó las decisiones de otorgar pensiones de gracia a sujetos que tenían antecedentes o condenas por delitos graves, se habría evaluado el informe de Contraloría como un medio que dio cuenta de una serie de irregularidades administrativas que evidenciaron que la información que se exigía no era validada, que no existía respaldo para los montos otorgados y que ciertos casos los pensionados ya recibían otros beneficios, entre otras cosas.
Por los mismo, durante la jornada de este viernes, en un comunicado enviado por el Ministerio Público, se dio a conocer que "conforme a los antecedentes recabados a través de diversos medios de comunicación, lo informado por la Contraloría General de la República, y la presentación de parlamentaros ante diversas instituciones, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió abrir una investigación penal de oficio con el de fin de recabar todos los antecedentes y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia".
Para realizar esta investigación, designó de esta forma a Marcos Pastén, quien hace poco asumió la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, para asumir la indagatoria.
Señalaron además que dentro de los delitos que podrían configurarse "dependiendo si se acreditan conductas dolosas o culposas, tanto activas como omisivas, de parte de funcionarios públicos o de particulares", se encuentran las figuras previstas en los arts. 233, 234, 239 o 470 N° 8, todas del Código Penal.
Al respecto, la investigación debería determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener los beneficios estatales, entre otras materias que deberán ser indagadas.
Asimismo, durante esta jornada los diputados de Renovación Nacional (RN) ingresaron una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y fraude, según consignó el medio nacional La Tercera.
Agregaron en ese sentido, que "en la cadena de acontecimientos que posibilitó la concesión de las pensiones intervinieron múltiples funcionarios públicos, efectuando actuaciones y dictando resoluciones o actos administrativos que adolecen de vicios ya estimados en su legalidad por la Contraloría General de la República".
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