El fantasma de los indultos no suelta a Boric ni a La Moneda

El Presidente Gabriel Boric y su ministro de Justicia, Luis Cordero, tuvieron que salir esta mañana a referirse a los nuevos antecedentes que se han hecho públicos en torno a los 12 indultos que concedió el año pasado a condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social y al exfrentista condenado por el robo de un banco, Jorge Mateluna.

La estrategia del Gobierno para sacar de la discusión política la polémica y remitirlo a un debate meramente jurídico le dio cierto aire al Ejecutivo en los últimos meses, sobre todo, luego de que el Tribunal Constitucional acogiera los requerimientos de la derecha para impugnar la decisión del Mandatario. Pero esta mañana se dio a conocer información nueva respecto de los antecedentes que tuvo a la vista el jefe de Estado al conceder el beneficio procesal. Se trata de seis informes de Gendarmería, que por ley deben solicitarse cuando se trata de requerimientos de indulto presidencial, que recomendaban no favorecer a condenados que terminaron en la lista de beneficiarios.

INDICACIONES DEL GOBIERNO Y GENDARMERÍA DIVERGEN

En los documentos se constata que las razones de Gendarmería para negar los indultos responden a riesgos de incidencia altos o muy altos y falta de conciencia respecto de los delitos cometidos. La recomendación se da en el caso de seis condenados por delitos graves en el marco del estallido social. El Mandatario dijo que "está todo en el Tribunal Constitucional", mientras que Cordero señaló que "el TC pidió reserva de esa información, esos antecedentes son mucho más complejos que el que está contenido en la referencia que se realiza a ese expediente. Pero lo que he aprendido en mi vida profesional es que los abogados no litigamos por la prensa, así que vamos a esperar la decisión del tribunal".

Fuentes de Palacio indicaron que es normal que haya indultos otorgados a contrapelo de lo recomendado por Gendarmería porque es una decisión presidencial exclusiva y que pondera distintos elementos y factores. Este argumento es refutado por ex ministros de Justicia como Soledad Alvear y Jaime Campos. En el Gobierno insitieron en que la estrategia que han fijado desde que asumió Cordero: canalizar a través de él todas las complejidades relativas al proceso de alegatos que lidera el CDE ante el tribunal y evitar vocerías paralelas.

INDULTOS HAN COMPLICADO AL GOBIERNO

El otorgamiento de los beneficios generó una de las mayores crisis políticas de la administración actual e implicaron un duro golpe al equipo del Presidente. Luego de las "desprolijidades" que rodearon el proceso, y que el propio Boric reconoció el Mandatario pidió, en enero, la renuncia de su entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, pero también a su otrora jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía.

Desde la oposición reaccionaron con indignación a los nuevos antecedentes conocidos y afirmaron que mantendrán la línea fijada en este tema. Lo que se contempla es radicar todo el tema en la comisión investigadora que lanzarán en la Cámara de Diputados. Hace dos meses que la Cámara Baja aprobó la creación de ésta, pero todavía no se ha constituido, despertando la molestia de Chile Vamos.

OPOSICIÓN DICE QUE BORIC PODRÍA SER ACUSADO

Con todo lo anterior, será en esta instancia donde desde la oposición esperan seguir relevando el tema e invitar a algunos de los involucrados, entre ellos el ministro Cordero, al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, a ex autoridades como la ex ministra Ríos, y al ex jefe de gabinete Meza-Lopehandía. Los últimos no tienen obligación de ir, al haber dejado de ser funcionarios públicos. También se piensa mandarle cuestionarios de preguntas al propio Boric.

En la oposición, algunos consideran que los nuevos antecedentes entregados por parte de Gendarmería hacen acusable al propio Boric. Por lo mismo se espera que las conclusiones de la comisión investigadora arrojen luces de si se debe impulsar el libelo o no.