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La Tribuna

Conozca las 31 propuestas de seguridad y orden público que se votarán en la Cámara Baja

por Salomón Bobadilla González

La diputada por Biobío, Joanna Pérez, quien preside la Comisión Especial Investigadora que trabajó en la materia, será la encargada de exponer cada una de las medidas, las que de aprobarse, se propondrán al Ejecutivo para su posterior aplicación.

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Hoy se darán a conocer en detalle y se votarán en sala las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, que durante seis meses estuvo encargada de reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno relacionados con el cumplimiento de las funciones de resguardo de la seguridad y el orden público interior.

El trabajo del organismo se centró en revisar la política de persecución y el uso de herramientas que la constitución y las leyes entregan al gobierno y particularmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junto con las delegaciones presidenciales regionales y provinciales, en lo referido el combate a la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo.

Por oficio N° 17.491, del 6 de julio de 2022, la Cámara Baja “prestó su aprobación” a una solicitud presentada por 64 diputadas y diputados, creando así la mencionada instancia.

FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN

Sobre esta materia y en conversación con diario La Tribuna, la presidenta de la Comisión Especial Investigadora y diputada por Biobío, Joanna Pérez Olea, explicó que durante la sesión expondrá una serie de contenidos, que fueron elaborados tras escuchar a más de cien personas, entre autoridades y representantes de la ciudadanía.

Esto se llevó a cabo no solo en Valparaíso, sino también en las regiones de Arica y Biobío, incluso conociendo el testimonio de algunos afectados por el Tren de Aragua y otras bandas delictuales que operan en el norte del país.

“Este fue un trabajo serio y bastante transversal, donde reconocemos responsabilidades de ministerios como Interior y Justicia, que creo han relativizado el trabajo en muchas materias que requieren más esfuerzo. Por lo tanto, queda constatado aquello, sin perjuicio que esto no tiene que ver con el ministerio de un gobierno, sino que obedece a cosas que se han dejado de hacer en muchas áreas, por lo menos los últimos diez años”.

Pérez precisó que los temas se centran en fortalecer los niveles de inteligencia para combatir por ejemplo el crimen organizado y migraciones irregulares, además de trabajar más coordinados en materia de seguridad.

La legisladora igualmente apuntó a la necesidad de actualizar la legislación vigente, ya que “encontramos nuevos delitos, como la extorsión y el sicariato. Por lo tanto, hay un trabajo profundo que hacer a través del Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, para incorporarlos a nuestro ordenamiento jurídico”.

La diputada subrayó que una vez que se voten y aprueben, estas conclusiones quedarán en manos de las autoridades respectivas, para que puedan sumarlas a las labores que la ley les exige cumplir.

LAS 31 PROPUESTAS RESUMIDAS

1. Dar urgencia al mensaje que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

2. Ejercer atribuciones legales en materia de migración irregular.

3. Impulsar en la agenda multilateral del país, conversaciones en torno al problema migratorio.

4. Dar celeridad a iniciativas de ley de reforma a la actual Ley de Migraciones.

5. Emplear todas las herramientas constitucionales y legales que permitan el resguardo de la frontera.

6. Abordar con urgencia la situación de inseguridad en la Región de Tarapacá.

7. Empleo prolijo de herramientas constitucionales y legales de control del orden público y la seguridad.

8. Revisión de los equipos judiciales que representan el interés del gobierno. 

9.  Criterios de selección de personas para ocupar cargos de litigación en el Ministerio del Interior.

10. Cuidar las señales que se entregan desde la autoridad política, que no emitan declaraciones en que claudican ante la persecución y el combate del crimen. 

11. Clarificar la existencia de terrorismo en la Macrozona Sur y reformular la Ley Antiterrorista.

12. Dar celeridad a las mejoras presupuestarias para las policías en la zona.

13. Cesar en la concesión de permisos intra penitenciarios.

14. Instruir procedimientos de investigación o sumario al interior del Ministerio de Justicia y Gendarmería.

15. Prestar especial atención a la integridad del personal de Gendarmería de Chile y a los riesgos que supone su función.

16. Dar celeridad a la tramitación del proyecto de ley que Fortalece el Sistema de Inteligencia del Estado.

17. Informar el accionar del Instituto Nacional de Derechos Humanos. 

18. Fijar, para todos aquellos funcionarios de la administración del Estado que cumplen funciones de combate al narcotráfico, crimen organizado o delitos de índole terrorista, una escala especial de remuneraciones.

19. Mejorar condiciones de trabajo para el Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos y Unidad de Análisis Financiero.

20.  Impulsar y perfeccionar la iniciativa legal que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

21. Fortalecer el rol y financiamiento del Servicio Nacional de Aduanas.

22. En cuanto a la seguridad fronteriza, se hace urgente reforzar el control y vigilancia en rutas y carreteras.

23. Considerar la creación de unidades regionales interinstitucionales para investigar el lavado de activos.

24. Respecto al Ministerio Público, producir un significativo aumento en la dotación de Fiscales.

25. En lo relativo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dictar una actualización del reglamento de establecimientos penitenciarios.

26. Mejorar los servicios de inteligencia.

27. La información y su correcta y diligente utilización es de vital importancia para no seguir cometiendo los mismos errores.

28. Contar con equipamiento más moderno que permita un actuar dinámico.

29. Aumentar no solamente la dotación de personal policial efectivo, sino también mejorar los mecanismos de movilización.

30. Mejorar la infraestructura local de cuarteles y residencias policiales, así como de las cárceles.

31.  No basta con mantener mesas comunales, regionales, coordinaciones de todo tipo, ya que no logran un efecto a ningún plazo, tanto en la disminución parcial o total de los delitos.

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