Aseguran que propuesta de modificación del código de aguas arriesga la seguridad hídrica

Un abogado experto en materia de legislación de aguas y el presidente de la Asociación de Canalistas del Laja dijeron que la norma aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, que deroga el Código de Aguas vigente arriesga la seguridad hídrica futura del país y frenaría la inversión y el avance para hacer frente al déficit hídrico en mecanismos como Juntas de Vigilancia e infraestructura de aprovechamiento del agua, como embalses y canales impermeabilizados.

El abogado Santiago Acevedo señaló a diario La Tribuna que a todos nos sorprendió la magnitud de esta norma constitucional que fue aprobada en la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes Y Modelo Económico. Porque, al margen de lo que resuelva el pleno, se parte de una base que destruye todo lo existente: se deroga en los hechos el Código de Aguas, se caducan los derechos otorgados y se niega la indemnización a todo el que desarrolle actividades forestales, agroindustriales o mineras. Bajo esta nueva lógica, los únicos propietarios de las aguas son las comunidades indígenas.

NUEVA LEGISLACIÓN

Nada positivo puede nacer de una norma que borra la historia del aprovechamiento de las aguas en el país, castigando a quienes lo han hecho crecer y desarrollarse, dijo el abogado a Diario La Tribuna. Acevedo agregó que, en todo caso, la norma tendrá una muy difícil implementación. Y si bien se otorgaría un plazo de dos años para que el nuevo régimen se materialice, no veo que en ese plazo el Estado tenga la capacidad de procesar la enorme cantidad de solicitudes de licencia de aguas para operar en el nuevo régimen. Es evidente que todos los actores del actual sistema querrán operar en el nuevo y buscarán su licencia. Atendida la complejidad de la materia, no veo posible que las cientos de miles de solicitudes puedan ser revisadas por la autoridad. Todo indica que era sensato darle continuidad a lo existente. El texto de la norma deja en evidencia el bajo precio de sus autores por la historia agrícola del país.

El experto en materia legal dijo que toda persona que desarrolle una actividad necesita certezas mínimas para funcionar. Desde un pequeño dueño de almacén hasta un gran empresario. Y esto es precisamente lo que no aporta la nueva norma, ya que la variable agua no estará sometida solo a la indeterminación de la sequía sino que ahora, además, a la facultad de la autoridad de limitarla o ponerle fin. Respecto al impacto de la propuesta específicamente en la Junta de Vigilancia del Río Biobío, de la cual Acevedo es Secretario, dijo que si bien la norma no hace referencia a la distribución de las aguas en específico ni se menciona a las Juntas de Vigilancia, por lo que seguirían funcionando, el impacto es total, porque la nueva norma propuesta parte de una premisa distinta. En la actualidad, una Junta de Vigilancia no crea derechos sino que distribuye las aguas entre sus usuarios, todos los cuales se encuentran en un pie de igualdad, en cambio, de aprobarse la nueva norma, al interior de una cuenca o junta de vigilancia habrá usuarios de primera categoría y de segunda categoría. Los de primera categoría serán las comunidades indígenas, que serán propietarias del agua. De segunda serán los demás usuarios, que detentarán una licencia de agua temporal y revocable. Por otra parte, las juntas hasta ahora han intentado mejorar lo existente: los sistemas de información, la coordinación entre los actores y las variables ambientales. El nuevo régimen rompe con esta tradición de mejora continua y busca refundar la relación del hombre con el agua. Además de su cuestionable técnica jurídica, la nueva norma no tiene arraigo con la tradición del país, lo que pone en duda su supervivencia en el largo plazo.

SE ARRIESGA DERECHO

El presidente de la Asociación de Canalistas del Laja, Patricio Guzmán, dijo, respecto a esta propuesta, que caducar todos los derechos de agua es una barbaridad, sí habría que aplicar todas las normas del código recién modificado, donde todos los derechos especulativos y de los que no se esté haciendo uso cambien, pero lo primero repercutiría muy negativamente en todo el sector agrícola, sanitario y finalmente en todos los usuarios de agua, que estamos bastante organizados, por lo que insistimos en que la solución no es hacer más cuerpos legales, que funcionan bien, sino que las propuestas de los convencionales deberían ser hacer embalses y usar bien el agua. Guzmán dijo que el Estado entregó en su momento derechos de utilización, y muchos de esos tienen más de 100 años, por lo que expropiar todos los derechos de agua sin indemnización a quienes han hecho toda la infraestructura para conducirla a los lugares donde se utiliza, ya sean industrias, ciudades o predios agrícolas es una aberración. El vocero de la Asociación de Canalistas del Laja dijo a Diario La Tribuna que nosotros tenemos muchas propuestas para utilizar mejor el agua, construir embalses y otras propuestas técnicas que sería bueno que los convencionales tomaran en cuenta para hacer una buena propuesta y que el derecho al agua sea una realidad.