Políticos de oposición dijeron respetar, pero no compartir fallo de la Suprema

Como una determinación que debe respetarse, pero que no la comparte consideró el diputado UDI y candidato a la reelección por el mismo cargo por el distrito 21 (Arauco-Lota y Biobío), Iván Norambuena, la decisión de la Corte Suprema de liberar a los ocho detenidos procesados en el marco de la denominada “Operación Huracán”.

“Sin duda que en general la ciudadanía debe estar contrariada. Yo me sumo a ello, porque entendíamos que había un camino de resolver en justicia, de acuerdo a la investigación, lo que nosotros consideramos delitos y frente a esta decisión de la Corte, obviamente, queda una nebulosa y también una angustia de quienes han sido afectados por este tipo de actos que al final quedan impunes”, declaró sobre el tema el legislador gremialista.

Su correligionario de partido, el senador por Biobío Cordillera Víctor Pérez Varela también criticó la resolución adoptada por la Suprema, señalando que se enmarca en un contexto de debilitamiento la persecución criminal.

“Se le quitó toda autoridad, se desautorizó al subsecretario del Interior Aleuy que era el que lideraba todo ese accionar. Después las declaraciones del ministro de Desarrollo Social (Marcos Barraza) que también debilitó fuertemente lo que fue, a juicio de muchos una operación muy exitosa y limpia para detener a personas presuntamente violentistas y que habían cometido hechos delictuales, la actitud del gobierno de cambiar la carátula de los procesos y ahora esta resolución de la Corte Suprema”, comentó el parlamentario UDI.

Pérez Varela aseveró que ahora tras este fallo de la Suprema “los violentos se sienten más seguro y las víctimas más inseguras”, expresó.

“Yo creo que hoy día Carabineros se siente absolutamente solo y abandonado en la lucha para perseguir criminales sin respaldo político, la acción de la Fiscalía también se ve notoriamente debilitada, por lo tanto, estamos en un escenario, a mi juicio, muy complejo, donde la violencia puede volver a renacer con mucha fuerza”, sentenció el senador.

DIPUTADO MONSALVE Y GOBERNADOR

Por el lado del oficialismo, la decisión del máximo tribunal del país de liberar a los ocho detenidos en el marco de la Operación Huracán, fue comentada por el diputado socialista y también candidato a la reelección por el distrito 21, Manuel Monsalve, quien respaldó el proceder de la justicia en este caso.

“Lo que ha hecho la Corte Suprema es decir que no hay elementos suficientes como para mantener la prisión preventiva de los imputados. Yo creo que lógica de todos los poderes del Estado y de los ciudadanos es respetar los fallos judiciales”, aseveró el legislador del Partido Socialista.

Monsalve dijo que es la justicia la que debe explicar los fundamentos de su resolución y que la misma tiene procedimientos establecidos en la ley, por lo que no basta sólo imputar un delito a alguien, sino que, además, hay que demostrar que existen evidencias que vinculan al inculpado con los hechos denunciados.

“Hasta ahora la Corte Suprema ha dicho que no existen elementos para mantener la prisión preventiva y yo creo que hay que respetar ese fallo, más allá de las posiciones de fondo que uno puede tener respecto de tema del denominado conflicto mapuche”, opinó.

De todos modos, el actual diputado por Arauco aclaró que es partidario de que los hechos de violencia se persigan, “para eso existen los Tribunales de Justicia, para eso existe Fiscalía, para eso existe la Policía de Investigaciones y Carabineros. Cualquier hecho de violencia en Chile debe ser perseguido y sus autores deben ser identificados y sancionados”, enfatizó.

Consultado por las declaraciones del fiscal nacional, Jorge Abbot, quien advirtió un “peligro de fuga” de los detenidos tras la decisión de la Suprema de liberarlos y dejar sin efecto su prisión preventiva, Manuel Monsalves indicó que “creo que el fiscal y la Fiscalía tienen que abocarse, en lugar de dominar a los otros poderes del Estado, a hacer bien su trabajo. Ellos tienen la obligación constitucional y legal de ser los persecutores, por lo tanto, no sólo de acusar a un ciudadano chileno de un delito, sino que, fundamentalmente, su tarea es acumular las evidencias y las pruebas que permitan fundamentar esa acusación”, puntualizó.

El gobernador de Biobío, Luis Barceló, también se refirió a la decisión de la Corte Suprema en el marco de la denominada Operación Huracán, manifestando escuetamente que “El gobierno no opina ni comenta los fallos judiciales, en un Estado de Derecho la separación de poderes es clara y si el Poder Judicial así lo ha resuelto, así se acepta, de manera que no tengo nada más que agregar”, señaló.

El senador PPD Felipe Harboe y el diputado independiente (PS), Roberto Poblete, también fueron consultados sobre el fallo del máximo tribunal, pero ambos declinaron referirse al asunto, argumentando que no comentaban resoluciones de los tribunales.

La Corte Suprema ordenó la liberación de los 8 detenidos en el marco de la denominada Operación Huracán. La medida fue adoptada por los jueces del máximo tribunal de justicia, tras determinar que hubo falta de fundamentos para justificar la participación de los imputados en los atentados investigados por el Ministerio Público, acogiendo así el recurso de amparo presentado por la defensa de los implicados, que argumentó que no existían pruebas en contra de sus clientes.

Tras la resolución el fiscal nacional del Ministerio Público, Jorge Abbot, declaró que advertía un peligro de fuga de los procesados, lo que generó diversas reacciones a nivel político e institucional.

Asimismo, durante la jornada el subsecretario Mahmud Aleuy, adelantó su regreso a La Moneda, pese a encontrarse en medio de un período de vacaciones que culminaba a fin de mes, retorno que se dio en medio del revés judicial que significó para el Ejecutivo la liberación de los ocho detenidos en el marco de la Operación Huracán.

FRASES DESTACADAS

“Frente a esta decisión de la Corte, obviamente, queda una nebulosa y también una angustia de quienes han sido afectados por este tipo de actos que al final quedan impunes”, diputado Iván Norambuena.

“El fiscal (Abbot) y la Fiscalía tienen que abocarse, en lugar de dominar a los otros poderes del Estado, a hacer bien su trabajo. Ellos tienen la obligación constitucional y legal de ser los persecutores (…) su tarea es acumular las evidencias y las pruebas que permitan fundamentar esa acusación”, diputado Manuel Monsalve.