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La Tribuna

Contraloría inicia fiscalización a Ministerio de Justicia por rebajas de condena a agresores sexuales

por Stephanie Ramírez M.

El organismo confirmó que inició una fiscalización en la cartera tras recibir denuncias por la entrega de beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Contraloría General de la Republica / CGR

El organismo confirmó que inició una fiscalización en la cartera tras recibir denuncias por la entrega de beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

La Contraloría General de la República inició un proceso de fiscalización al Ministerio de Justicia por la entrega de rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La revisión se suma a un requerimiento de antecedentes dirigido a esa cartera, luego de que un grupo de parlamentarios solicitara un pronunciamiento por la falta de respuesta a la Defensoría de la Niñez.

La confirmación fue entregada por el organismo a Mega Investiga, luego de consultas sobre las denuncias relacionadas con estos beneficios y las gestiones impulsadas por legisladores.

"Sobre lo consultado, a raíz de denuncias recibidas, la Contraloría General está constituida desde la semana pasada en el Ministerio de Justicia fiscalizando la materia", señaló la institución.

En paralelo, informó que está requiriendo un informe al ministerio por la presentación de varios parlamentarios que solicitaron un pronunciamiento jurídico ante la posible falta de respuesta a la Defensoría de la Niñez.

Hasta ahora, Contraloría no ha precisado el alcance de las diligencias, los antecedentes específicos solicitados ni si la fiscalización derivará en un sumario administrativo. Tampoco ha informado si emitirá un pronunciamiento jurídico sobre la eventual omisión de respuesta.

La Contraloría General de la República inició un proceso de fiscalización al Ministerio de Justicia por la entrega de rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La revisión se suma a un requerimiento de antecedentes dirigido a esa cartera, luego de que un grupo de parlamentarios solicitara un pronunciamiento por la falta de respuesta a la Defensoría de la Niñez.

La confirmación fue entregada por el organismo a Mega Investiga, luego de consultas sobre las denuncias relacionadas con estos beneficios y las gestiones impulsadas por legisladores.

"Sobre lo consultado, a raíz de denuncias recibidas, la Contraloría General está constituida desde la semana pasada en el Ministerio de Justicia fiscalizando la materia", señaló la institución.

En paralelo, informó que está requiriendo un informe al ministerio por la presentación de varios parlamentarios que solicitaron un pronunciamiento jurídico ante la posible falta de respuesta a la Defensoría de la Niñez.

Hasta ahora, Contraloría no ha precisado el alcance de las diligencias, los antecedentes específicos solicitados ni si la fiscalización derivará en un sumario administrativo. Tampoco ha informado si emitirá un pronunciamiento jurídico sobre la eventual omisión de respuesta.

Parlamentarios piden investigar demora de Justicia

Según consignó el medio, la presentación fue ingresada el 3 de noviembre por las diputadas y diputados Andrea Parra, Daniela Serrano, Raúl Leiva, Emilia Schneider, Luis Malla y Jorge Díaz.

Los legisladores solicitaron que el ministerio responda el oficio enviado por la Defensoría de la Niñez el 22 de octubre y entregue copia de los decretos que concedieron 56 rebajas de condena.

La institución había requerido información sobre personas condenadas por delitos sexuales contra menores que solicitaron u obtuvieron este beneficio entre enero de 2020 y octubre de 2026. También pidió conocer los criterios utilizados para considerar el interés superior de niños, niñas y adolescentes.

Según la presentación parlamentaria, el plazo de cinco días para responder venció el 29 de octubre.

Los parlamentarios también pidieron instruir un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades de funcionarios y jefaturas por la demora. Asimismo, solicitaron que los antecedentes sean remitidos a la Cámara, resguardando la identidad de las víctimas.

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