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Siete personas fueron detenidas en el marco de la denominada "Operación Libra", investigación desarrollada por detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Concepción, en coordinación con el Ministerio Público, y que permitió incautar más de tres toneladas de cobre vinculadas a delitos de robo de cables del tendido eléctrico y otros ilícitos conexos registrados en la Región del Biobío.
El operativo corresponde a la cuarta y última arista del foco investigativo, desplegado para desarticular estructuras dedicadas a la sustracción, procesamiento y comercialización de cobre proveniente del robo de cables.
De acuerdo con los antecedentes entregados respecto del procedimiento, del total de detenidos, seis mantenían órdenes de aprehensión emanadas de los tribunales de justicia. Cuatro de estas diligencias fueron concretadas en distintos puntos de la Región del Biobío, mientras que otras dos se materializaron en la Región Metropolitana.
A ellos se sumó una séptima persona, quien fue detenida en flagrancia en la Región Metropolitana por el delito de receptación.
Uno de los principales resultados del procedimiento fue la incautación de 3.117 kilogramos de cobre, material avaluado en aproximadamente 25 millones de pesos y que fue reconocido por las empresas eléctricas afectadas.
La diligencia permitió además sacar de circulación dos máquinas peladoras de cable, herramientas utilizadas para retirar el revestimiento del material y, con ello, dificultar su identificación y trazabilidad antes de su eventual comercialización.
A lo anterior se sumó la incautación de 5.563.000 pesos en dinero en efectivo, especies y antecedentes que pasarán a formar parte de la investigación dirigida por el Ministerio Público.
El robo de cables del tendido eléctrico constituye un delito que, además del perjuicio económico para las empresas afectadas, puede generar interrupciones del suministro y afectar directamente a usuarios residenciales, comerciales y servicios esenciales.
Los siete detenidos fueron trasladados hasta el Juzgado de Garantía de Talcahuano, donde quedaron a disposición de la justicia para el respectivo control de detención y formalización, instancia en la que el Ministerio Público deberá comunicar los cargos que se les atribuyen y solicitar las medidas cautelares correspondientes.
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