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Este jueves, los tribunales chilenos dictaron una pena de dos décadas de cárcel para Maickel Villegas, acusado de participar en el secuestro con resultado de muerte del exteniente de Venezuela, Ronald Ojeda, un hecho criminal registrado en febrero de 2024. Con esta resolución, Villegas se convierte en la primera persona en recibir una condena mediante un juicio oral por este caso.
La culpabilidad de Villegas ya había sido determinada a principios de octubre. Durante el proceso judicial, se comprobó que el condenado tuvo una participación fundamental en la logística del crimen. Las evidencias revelaron que se mantuvo haciendo guardia a las afueras de la vivienda de Ojeda y fue el encargado de capturar imágenes y videos del operativo. Dicho material audiovisual fue enviado a los altos mandos de la organización delictiva para demostrar que tanto la captura como el asesinato se habían llevado a cabo según lo planeado.
El castigo de 20 años de prisión fue exactamente el que solicitó la Fiscalía, desestimando la petición de la defensa, que buscaba una pena no mayor a 15 años argumentando la conducta anterior del acusado.
Alex Cortés, el fiscal que lideró las indagatorias, aclaró que la condena máxima que podían exigir estaba condicionada por el tratado de extradición pactado con Costa Rica, país al que Villegas huyó tras cometer el ilícito. Para que el Estado costarricense aceptara enviarlo de regreso a Chile, se debió garantizar que el delincuente no sería sometido a la pena de muerte ni a un encierro superior a los 50 años.
Al momento de definir el castigo, los jueces descartaron que las pruebas expuestas durante el juicio confirmaran una motivación política originada directamente desde el Palacio de Miraflores. El fallo subrayó que no existen antecedentes suficientes para vincular al gobierno venezolano con el actuar de Villegas, concluyendo que sus movimientos fueron ordenados netamente por las cabecillas de la red criminal transnacional detrás del asesinato.
Por su parte, los familiares de Ronald Ojeda expresaron su conformidad con la pena de 20 años dictada contra este primer implicado. Asimismo, reafirmaron su compromiso de seguir muy de cerca todas las ramificaciones legales que continúan abiertas, buscando que se identifique y castigue a todos los responsables de la muerte del exmilitar.
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