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En un fallo administrativo sin precedentes para la administración pública, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aplicó la medida disciplinaria de destitución contra Maximiliano Ramírez, abogado que ejercía como jefe de la Sección de Atención a Público y Regulado del organismo.
La sanción se determinó tras acreditarse, mediante un sumario interno, que Ramírez recopiló fotografías de sus compañeras de trabajo para manipularlas digitalmente y generar imágenes con contenido sexual explícito mediante herramientas de inteligencia artificial, todo esto sin el consentimiento de las afectadas.
El caso, que pone en relieve los nuevos desafíos del acoso digital y la ética funcionaria, causa especial impacto debido al perfil del sancionado: un profesional con formación especializada en derechos humanos y capacitaciones certificadas en equidad de género.
La trama detrás del descubrimiento comenzó a develarse en septiembre de 2025, cuando la entonces pareja de Ramírez descubrió en un dispositivo personal una carpeta oculta con más de 3.000 archivos digitales. Entre estos documentos se encontraban tanto fotografías originales como material adulterado mediante inteligencia artificial, abarcando imágenes de mujeres pertenecientes a sus entornos laboral, universitario y personal.
Ante la gravedad del hallazgo, la mujer actuó con cautela: comenzó a identificar y contactar individualmente a las posibles afectadas, logrando comunicarse con más de 10 víctimas. Dado que aún convivía con el abogado y temía represalias en caso de ser descubierta, el grupo de mujeres adoptó una estrategia coordinada:
Una vez garantizada la seguridad física y emocional de la mujer, las funcionarias de la SMA formalizaron la denuncia ante el organismo público y entregaron el compendio de pruebas recopiladas, consolidando una sólida red de apoyo y acompañamiento recíproco durante todo el proceso.
La indagatoria administrativa, abierta formalmente en enero de 2026, no solo analizó el almacenamiento de las imágenes sexualizadas, sino que también desveló un patrón sistemático de conducta hostil en el entorno laboral.
Los antecedentes recopilados evidenciaron mensajes reiterados, invitaciones constantes y aproximaciones inapropiadas por parte de Ramírez, conductas que persistieron a pesar del rechazo explícito de las funcionarias, quienes manifestaron reiteradamente su deseo de mantener un trato estrictamente laboral.
Asimismo, la investigación sumaria demostró que el abogado extraía activamente las fotografías desde las redes sociales personales de sus compañeras. Para lograrlo, Ramírez recurría al uso de cuentas alternativas en redes sociales, eludiendo así los bloqueos de privacidad que algunas de las funcionarias habían configurado para protegerse.
Desde el organismo rector del medio ambiente señalaron que el proceso sumarial concluyó de manera definitiva el 3 de junio de 2026. En su declaración oficial, la institución detalló:
"La Superintendencia del Medio Ambiente inició en enero un sumario administrativo, decretando simultáneamente la suspensión del denunciado como medida cautelar. El procedimiento concluyó con fecha 3 de junio y dispuso la destitución del sumariado".
La resolución sancionatoria determinó la responsabilidad directa de Ramírez por cargos de acoso laboral y sexual, catalogándolo como una infracción gravísima al principio de probidad administrativa y a la dignidad fundamental de las funcionarias de la institución.
Durante el transcurso del sumario, Maximiliano Ramírez intentó desacreditar las imputaciones y solicitó su total absolución. Su estrategia de defensa se fundamentó en cuestionar la admisibilidad de las pruebas, sosteniendo que fueron obtenidas de forma "ilícita" desde un equipo de carácter privado. Del mismo modo, el abogado negó poseer dicho material en sus dispositivos de trabajo y argumentó que no existían evidencias de que las imágenes adulteradas hubiesen sido difundidas en plataformas públicas o privadas.
No obstante, estos descargos fueron desestimados por la autoridad administrativa al ponderar el deber de resguardo de la dignidad funcionaria y la probidad pública.
Paralelamente a la destitución administrativa, el caso ha escalado a sede judicial:
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