Regístrate en nuestro newsletter
Tras la audiencia, la imputada quedó sujeta a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. El tribunal estableció, además, un plazo de dos meses para desarrollar la investigación.
La causa se inició después de una alerta enviada por Meta Platforms a la Brigada del Cibercrimen Metropolitana de la PDI. De acuerdo con los antecedentes expuestos en la investigación, la publicación incluía una fotografía tomada en las inmediaciones de un edificio público de Talca y referencias a un arma de fuego tipo Glock y a la intención de quitar la vida.
Tras recibir la alerta, detectives de la PDI realizaron diligencias para determinar quién había realizado la publicación y establecer su ubicación.
Con apoyo de la Brigada de Investigación Criminal de Talca, los funcionarios lograron establecer que la mujer se encontraba en la ciudad. Posteriormente, tras ser ubicada mediante familiares, la imputada se presentó voluntariamente ante la policía.
Durante el procedimiento, la PDI incautó el teléfono celular utilizado para efectuar la publicación, dispositivo que será sometido a peritajes como parte de las diligencias investigativas.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, marcó una diferencia entre la crítica política y el contenido atribuido a la imputada.
El persecutor sostuvo que en la publicación se hacía referencia a la eventual utilización de un arma de fuego y a la intención de quitarle la vida a más de una persona.
"La crítica puede ser abierta", señaló el fiscal, aunque planteó que, en este caso, los términos utilizados excederían ese ámbito.
De la Fuente también explicó que la protección penal de la autoridad busca permitir que quienes ejercen funciones públicas puedan desarrollar sus labores sin interferencias derivadas de amenazas.
En ese contexto, mencionó no solo al Presidente de la República, sino también a otras autoridades, como ministros de Estado y magistrados.
Con las medidas cautelares ya decretadas, la Fiscalía continuará recopilando antecedentes para esclarecer el alcance de la publicación y determinar las circunstancias en que se produjo.
El teléfono incautado será parte de las diligencias, mientras que el tribunal fijó en dos meses el plazo de investigación.
La formalización implica la comunicación de que una persona está siendo investigada por un determinado delito y no constituye, por sí misma, una condena. En este caso, la imputada enfrentará el proceso en libertad, aunque deberá cumplir con el arraigo nacional y la firma mensual decretados por el tribunal.
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
¿Quieres contactarnos? Escríbenos a [email protected]
ContáctanosOpinión
