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Recuperar el control territorial, fortalecer las capacidades de las policías y enfrentar de manera más efectiva al crimen organizado son algunos de los principales objetivos del Plan Operativo de Seguridad Pública 2026-2030, estrategia elaborada por el Gobierno y presentada ante el Senado por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.
La iniciativa contempla 65 medidas, de las cuales 39 corresponden a acciones operativas y 26 a proyectos de ley priorizados. El plan se estructura en tres grandes ejes: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento de las capacidades del Estado, con siete áreas de gestión destinadas a enfrentar los distintos fenómenos vinculados a la delincuencia y el crimen organizado.
Para el coordinador del Observatorio Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de la Universidad Andrés Bello, Pablo Urquízar, uno de los elementos centrales de la propuesta es precisamente que busca abordar la seguridad desde distintas dimensiones.
De acuerdo con el especialista, los ejes de prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional se despliegan en siete áreas prioritarias: gestión policial; seguridad y control fronterizo; seguridad penitenciaria; recuperación de barrios; utilización de datos, tecnología e inteligencia artificial; combate al crimen organizado; y una intervención coordinada del Estado en la Macrozona Sur.
A su juicio, la combinación de estas áreas apunta a enfrentar un escenario en que las organizaciones criminales han aumentado su capacidad de acción y han logrado instalarse en determinados territorios.
Uno de los componentes principales de la estrategia será la recuperación de barrios y espacios públicos. Para ello, el Gobierno anunció la intervención de 50 barrios prioritarios, comenzando durante 2026 con 20 polígonos operativos.
La intervención contempla patrullaje preventivo focalizado, recuperación de espacios públicos y coordinación entre municipios y policías. La apuesta es que la presencia estatal permita recuperar sectores donde la delincuencia ha generado condiciones de inseguridad y debilitado el uso normal de los espacios públicos.
A esta medida se sumará la creación de siete fuerzas de tarea especializadas para enfrentar fenómenos como secuestros, sicariato, narcotráfico, ciberdelitos, lavado de activos, violencia rural organizada y contrabando.
El objetivo será avanzar desde una persecución centrada exclusivamente en los autores materiales hacia una investigación que permita desarticular las estructuras completas y afectar sus fuentes de financiamiento.
En ese sentido, Urquízar considera que la implementación del plan debiera significar un cambio en la forma en que el Estado responde al fenómeno criminal.
"Su implementación supone pasar de una política de seguridad basada fundamentalmente en respuestas sectoriales a una acción coordinada y permanente del Estado, fortaleciendo la presencia policial y penitenciaria, el control de fronteras, la intervención de barrios y las capacidades tecnológicas para anticipar fenómenos delictivos", detalló.
Sin embargo, el experto agregó que el propio diseño del plan "muestra que el componente operativo debe ir acompañado de fortalecimiento institucional y legislativo. En este punto existe un desafío especialmente importante: no basta con aprobar nuevas normas, sino que resulta indispensable implementar adecuadamente las leyes e instituciones que ya han sido creadas en materias como inteligencia, terrorismo, crimen organizado, seguridad municipal y el Ministerio de Seguridad Pública".
Para Urquízar, el Plan Operativo de Seguridad Pública podría traducirse, en la práctica, en un mayor despliegue y capacidad operativa del Estado en los distintos territorios, junto con un fortalecimiento de las policías y de las herramientas destinadas a enfrentar al crimen organizado.
A ello se suman medidas orientadas a mejorar el control fronterizo y penitenciario, recuperar barrios y avanzar en una persecución más eficaz de las estructuras criminales.
En este sentido, el abogado y experto en seguridad pública planteó que uno de los principales desafíos será avanzar desde los lineamientos generales hacia resultados concretos en terreno.
"En términos prácticos, un plan de estas características podría traducirse en mayor presencia y capacidad operativa del Estado en los territorios, fortalecimiento de las policías, mejor control fronterizo y penitenciario, recuperación de barrios y una persecución más eficaz del crimen organizado", sostuvo.
Asimismo, agregó que este último objetivo requiere poner especial énfasis en las capacidades de inteligencia y en el uso de nuevas tecnologías, además de intervenir las estructuras económicas que permiten el funcionamiento de las organizaciones criminales. De esta manera, la estrategia no solo debería apuntar a detener a sus integrantes, sino también a afectar sus recursos y capacidad de operación.
Respecto de la pertinencia del plan frente al actual escenario de seguridad que enfrenta el país y, particularmente, la región del Biobío, el especialista considera que la propuesta constituye, en términos generales, una orientación adecuada, especialmente por incorporar distintas dimensiones de la política de seguridad.
A su juicio, el fortalecimiento policial, la recuperación territorial, el combate al crimen organizado y la existencia de una estrategia específica para la Macrozona Sur son elementos especialmente relevantes para una región como Biobío, donde la seguridad pública se encuentra vinculada a fenómenos como el crimen organizado y la violencia rural.
Sin embargo, el experto advierte que el principal desafío estará en la implementación de las medidas anunciadas. "Su eficacia dependerá menos de los anuncios que de su ejecución efectiva, de la coordinación entre las instituciones y de la capacidad de implementar correctamente las herramientas legales ya disponibles", afirmó Urquizar.
En esa línea, planteó que el éxito de la estrategia dependerá de que exista una adecuada articulación entre las distintas instituciones responsables de la seguridad y de que las medidas contempladas logren traducirse en acciones concretas y sostenidas en los territorios.
El análisis también incorpora una advertencia respecto de eventuales ampliaciones de las facultades extraordinarias del Estado. Urquízar sostiene que cualquier modificación en esta materia debe ser evaluada con cautela, considerando que el actual ordenamiento constitucional ya contempla herramientas para enfrentar situaciones de grave alteración del orden público.
"Antes de crear nuevos estados de excepción debe acreditarse su necesidad, privilegiando el fortalecimiento de las policías y manteniendo el empleo de las Fuerzas Armadas en seguridad interior como una herramienta excepcional", señaló.
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