En veinte años de interpelaciones, 7 de los 32 ministros interpelados dejaron el cargo dentro de los seis meses siguientes, más o menos lo que se habría esperado de cualquier otro miembro del gabinete. El lunes 28 de septiembre, en la primera interpelación del gobierno de Kast, el socialista Nelson Venegas cerró su turno ante el canciller Francisco Pérez Mackenna preguntándole por qué no renunciaba, y el ministro le contestó que el diputado no era el Presidente de la República. La bancada oficialista aplaudió y algunos opositores admitieron en reserva que la jornada no salió como esperaban.

La escena calza con la historia del instrumento, cuyas sesiones son las más desordenadas de la Cámara, entre 2006 y 2025 tuvieron cinco veces más llamados al orden por intervención que el resto de las sesiones y once veces más manifestaciones. Ambos lados lo han usado con frecuencia parecida cuando les tocó ser oposición. La derecha interpeló siete veces al primer gobierno de Bachelet, ocho al segundo y cuatro al de Boric, y la oposición de centro e izquierda, dos veces al primer gobierno de Piñera y once al segundo. Hasta el lunes, ningún canciller había sido interpelado desde que la figura existe.

Terminada la sesión, la Cámara vuelve a sus niveles previos. En las dos semanas siguientes a cada interpelación, los mismos diputados no emplean un lenguaje más negativo ni más brusco en las sesiones ordinarias, la Mesa no los llama más al orden y al ministro interpelado se lo sigue nombrando tan poco como antes.

Esa levedad viene del diseño constitucional, entre 1891 y 1924 el Congreso interpelaba ministros para hacerlos caer, y los gabinetes rotaban al ritmo de esas sesiones hasta que la Constitución de 1925 cerró esa puerta. La reforma de 2005 devolvió a la Cámara la facultad de preguntar, a petición de un tercio de los diputados y con asistencia obligatoria, y dejó intacta la regla según la cual los ministros son de exclusiva confianza del Presidente, que los nombra y remueve a su voluntad.

Venegas le pidió a la interpelación lo que la Constitución reserva al Presidente, y el canciller respondió con una lección de derecho constitucional. Antes había anunciado que no respondería todo, por prudencia ante gobiernos que negocian con Chile, y más de un analista observó que contuvo los cuestionamientos sin despejarlos. El oficialismo lo declaró ganador y la oposición lo acusó de faltar a la verdad: ambos midieron la sesión por quién quedó mejor parado ante las cámaras. A petición de Venegas, la Cámara acordó además pedir al Ejecutivo antecedentes sobre lo tratado, un acuerdo que pasó casi inadvertido y que es lo único de la jornada que podría tener efecto. Cuando llegue la respuesta, podrá compararse con lo que el canciller dijo el lunes, pero éste ya no estará allí para responder y la Cámara no aplaudirá o rugirá como lo hizo ese lunes.

Miguel Ángel Fernández.

Director académico Faro UDD