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La Corte de Apelaciones de Concepción cumplió ocho meses sin arrojar resultados definitivos en el sumario administrativo abierto contra Rodrigo Ferreira, juez de Policía Local de Hualpén. La investigación se originó luego de que la Contraloría detectara que el magistrado salió del país mientras hacía uso de una licencia médica.
Según explicó Biobío, si bien el hallazgo inicial surgió de un informe del ente contralor sobre el personal municipal, la responsabilidad de investigar recayó en el Poder Judicial, dado su rol como superior jerárquico en materias administrativas y correccionales. La fiscal judicial María Francisca Durán asumió la tarea de liderar este proceso disciplinario.
El juez se excusó de emitir declaraciones sobre el fondo del asunto y argumentó que la indagatoria no concluyó y que la fiscal instructora no ha formulado cargos en su contra hasta la fecha.
El escenario judicial del magistrado sumó una segunda complejidad. De forma paralela a la investigación por el viaje al extranjero, Ferreira enfrentó otro sumario administrativo a cargo de la fiscal judicial Silvia Mutizábal. Este segundo proceso respondió a una denuncia por acoso y maltrato laboral interpuesta por Karla Valdés, secretaria del Juzgado de Policía Local, causa que también se mantiene en trámite con diligencias pendientes.
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