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La causa ha vuelto a poner en discusión las prácticas internas de las Fuerzas Armadas y las posibles responsabilidades penales asociadas.
La medida cautelar más gravosa recayó sobre el exteniente Bjorn Wohllk, el exteniente Claudio Guajardo, el exsubteniente Bastián Troncoso y el excabo enfermero militar de combate Manuel Zambrano, quienes permanecerán privados de libertad mientras se desarrolla la investigación. En contraste, el excapitán Michael Fritz quedó sujeto a arresto domiciliario total, resolución que fue adoptada tras un análisis diferenciado de su grado de participación.
Durante la audiencia de formalización, la magistrada examinó de manera pormenorizada los hechos atribuidos a cada imputado. En ese contexto, estableció que la muerte del conscripto Franco Vargas se produjo a causa de una miocarditis viral asociada a isquemia, aunque enfatizó que el caso no puede ser reducido a un desenlace clínico aislado.
La jueza calificó lo ocurrido como una "frecuencia de omisiones", apuntando a eventuales responsabilidades derivadas de la falta de control, supervisión y reacción oportuna por parte de los mandos.
El tribunal analizó también la situación de los conscriptos Byron Alarcón, Lucas Gamboa y Ariel Indo, quienes sufrieron lesiones de gravedad durante su servicio. En ese contexto, la jueza recalcó la clara diferencia de jerarquía entre las víctimas y los imputados, señalando que esta relación de subordinación es clave para evaluar la eventual existencia de apremios ilegítimos.
Durante la audiencia se cuestionaron especialmente los llamados "aporreos" aplicados en la instrucción militar. El tribunal indicó que estas prácticas no están reguladas ni cuentan con respaldo normativo, lo que genera dudas sobre su legalidad y relevancia penal dentro de la investigación.
La magistrada también puso énfasis en las secuelas que continúan enfrentando las víctimas, tanto físicas como psicológicas. Entre ellas se mencionaron fallas orgánicas, amputaciones y problemas de salud mental persistentes, aspectos que fueron considerados al momento de definir las medidas cautelares.
En cuanto al exteniente Bjorn Wohllk, el tribunal destacó su conducta y nivel de responsabilidad, decretando en su caso prisión preventiva junto con la medida de arraigo nacional.
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