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Según el último informe del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la región del Biobío cerró el periodo enero-septiembre de 2025 con una tendencia general a la baja en los principales grupos delictuales.
Las cifras muestran retrocesos en robos violentos, violencia intrafamiliar, ilícitos contra la propiedad y delitos contra la vida, lo que consolida a la región entre las zonas con menores tasas de criminalidad del país.
Sin embargo, el mismo reporte alerta sobre un fenómeno que avanza de manera sostenida: los delitos asociados a drogas y armas, dos áreas directamente vinculadas a dinámicas de narcotráfico y criminalidad organizada.
En total, la región registró 14.245 casos policiales, cifra inferior a los 14.716 anotados en 2024, lo que se traduce en una caída anual de -3,4%, por debajo de la media nacional de -2,0%. Con una tasa de 842,6 ocurrencias por cada 100.000 habitantes, Biobío se logró posicionar entre las regiones con menor incidencia delictual del país.
Uno de los descensos más marcados corresponde a los robos violentos, que disminuyeron -20,6%, una de las caídas más pronunciadas a nivel nacional. La tasa regional pasó de 242,0 a 192,2 casos por cada 100.000 habitantes y evidenció el impacto de estrategias policiales y preventivas aplicadas en sectores urbanos y periféricos.
Asimismo, los casos de violencia intrafamiliar (VIF) bajaron de 549,2 a 513,4 por cada 100.000 habitantes, lo que representa un descenso de -6,5%. En términos absolutos, la región reportó 8.680 ocurrencias y se mantuvo en un nivel medio dentro del contexto nacional, pero mostró una disminución sostenida desde 2023.
Otro grupo donde se observa un retroceso importante es el de los delitos contra la propiedad no violentos, que incluye robos en lugares habitados, no habitados y de vehículos, hurtos y receptación. La tasa pasó de 1.290,4 a 1.190,9 casos por cada 100.000 habitantes, una baja en línea con la tendencia nacional, pero de mayor magnitud.
A contracorriente respecto del resto de los indicadores, los ilícitos vinculados a drogas experimentaron un alza de 13,5%, cifra superior al comportamiento nacional (13,3%). La tasa regional pasó de 69,1 a 78,4 casos por cada 100.000 habitantes y alcanzó 1.325 ocurrencias en el periodo.
Los delitos asociados a armas también mostraron un crecimiento de 3,2%, sumaron 1.957 casos y una tasa de 115,8 por cada 100.000 habitantes. Aunque el incremento es inferior al de otras regiones, contrasta con el descenso del -0,7% registrado a nivel país.
El reciente informe del Ministerio Público sobre homicidios consumados durante el primer semestre de 2025 reveló un dato que, aunque positivo, abre nuevas alertas para la región del Biobío.
Los homicidios bajaron de 57 casos en el primer semestre de 2024 a 40 en igual periodo de este año, una disminución del 29,8%. Sin embargo, pese al descenso, el territorio sigue ubicándose entre los tres con mayor cantidad de decesos atribuibles a terceros a nivel nacional, después de la región Metropolitana y Valparaíso.
El profesor investigador del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo (Faro UDD), Alexander Nanjari, explicó que la reducción en la cifra total no se traduce necesariamente en una menor percepción de inseguridad.
Lo anterior, expresó, se debe a una nueva distribución territorial de los hechos, que ahora se concentran en sectores más céntricos y densamente poblados del Gran Concepción.
Según el informe, uno de los elementos que más preocupa es el alto uso de armas de fuego. Nanjari advirtió que este factor refleja "un gran poder de fuego en manos de la criminalidad", un desafío urgente tanto para la actual administración como para el próximo gobierno en 2026.
Aunque se reporta un leve descenso en homicidios vinculados al crimen organizado —de 39,3% a 37,5%— y una estabilidad en los crímenes interpersonales, el académico alerta sobre inconsistencias en la forma en que se clasifican los casos. En particular, cuestiona la categoría "hallazgo de cadáver con participación de terceros", que internacionalmente suele asociarse a delitos cometidos por el crimen organizado. Si se integrara esta categoría al total de homicidios atribuibles a organizaciones criminales, la disminución sería mucho menos significativa.
A nivel nacional, las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío concentran las tasas más altas de homicidios y otros delitos complejos como secuestros. Nanjari explicó que esto responde a la combinación de densidad urbana, presencia de economías ilícitas y disputa territorial entre grupos delictuales. Este fenómeno se expresa en problemáticas como el comercio ilegal, el robo de cables, el microtráfico y actividades como el robo de madera en Arauco.
El investigador también criticó la efectividad del plan Calle Sin Violencia, impulsado por el Ejecutivo para reducir los homicidios. A su juicio, la iniciativa "ha sido un fracaso", debido a que se aplicó solo en determinadas comunas sin considerar que el delito "no reconoce fronteras político-administrativas", lo que limita su impacto real.
En este escenario, apuntó que la región enfrenta un desafío doble: por un lado, consolidar la tendencia a la baja en los homicidios y, por otro, abordar la creciente complejidad del delito, que se expresa con mayor fuerza en sectores urbanos y vinculada a economías ilícitas que continúan expandiéndose.
Para Nanjari, el principal desafío está en atacar el poder de fuego. "Los homicidios asociados a armas de fuego siguen siendo un problema estructural. Combatir el acceso a armamento debe ser una tarea prioritaria tanto para el gobierno actual como para el que asumirá en marzo de 2026", advierte.
Aunque los indicadores muestran avances, el informe evidencia que la región enfrenta una nueva fase delictual, marcada menos por los ilícitos tradicionales y más por fenómenos vinculados a economías ilegales, organizaciones criminales y mayor disponibilidad de armas. Un escenario donde, pese a las mejoras estadísticas, la sensación de inseguridad continúa siendo un desafío permanente.
Para el abogado y director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián (USS), Luis Toledo, la disminución que se observa en los delitos violentos y también contra la propiedad no violentos durante el periodo de enero-septiembre del presente año constituye un avance relevante, pero insuficiente para sostener que la política de seguridad alcanzó un punto de inflexión estructural.
Asimismo, detalló que la administración que está de salida impulsó claramente intervenciones territoriales que si bien tuvieron efectos en la contención de ciertos fenómenos, no lograron consolidar una política de continuidad suficientemente integrada entre la prevención situacional, la presencia policial sostenida y la gestión municipal robusta.
"De cara al futuro, creo que el desafío no es celebrar reducciones marginales, sino evitar que estas variaciones respondan únicamente a ciclos operativos y a ventanas de contingencias policiales", planteó Toledo.
De igual forma, agregó que la tarea pendiente es institucionalizar los mecanismos de control focalizado, la inteligencia territorial y la coordinación con la Fiscalía, de modo que la disminución sea sostenible, verificable y resistente al cambio o recambio político-administrativo.
Respecto del incremento en la actividad policial en drogas y armas, Toledo sostuvo que no constituye necesariamente un logro importante de la política pública, sino más bien una evidencia de que la estructura criminal sigue operando con fuerza y que el Estado ha sido más reactivo que preventivo.
"La administración, en este periodo, instaló como prioridad el combate al crimen organizado, pero no avanzó con la profundidad requerida en la reducción de los mercados ilícitos que alimentan estos delitos. La evidencia del CEAD muestra con claridad que el aumento proviene principalmente de detenciones proactivas más que denuncias ciudadanas, lo que refleja una presión operativa policial relevante, pero no un debilitamiento del fenómeno. La fragmentación regional es el mejor ejemplo", expresó Toledo.
Mientras algunas regiones presentan disminuciones abruptas, otras exhiben aumentos muy marcados, como Aysén, Maule o la región Metropolitana en materia de drogas. Lo anterior, para Toledo, "revela la ausencia de una estrategia nacional verdaderamente coherente y alineada con los grupos territoriales o con los territorios. El desafío hacia el futuro no es solo mantener la presencia policial, sino transitar de un enfoque centrado en la captura de infractores a otro que reduzca la capacidad logística, financiera y territorial de los grupos criminales", finalizó el experto de la USS.
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