Seguridad pública

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) correspondiente a 2024 confirma que la percepción de inseguridad se ha instalado como experiencia dominante en la vida urbana. Un 87,7% de la población considera que la delincuencia aumentó a nivel país, mientras el 67,9% se siente inseguro al caminar solo por su barrio cuando oscurece.

Este clima de inseguridad genera transformaciones concretas en el comportamiento ciudadano. El 66,9% de las personas ha dejado de usar dispositivos electrónicos en espacios públicos, el 65% evita transitar por ciertas áreas y el 64,3% restringe sus salidas nocturnas.

Respecto de este último punto, cabe destacar que las mujeres experimentan estas limitaciones de manera más intensa: 74,3% suspende sus actividades de noche frente al 53,9% declarado por los hombres participantes del estudio, lo que profundiza las desigualdades en el ejercicio del derecho a habitar la ciudad.

No obstante, el hallazgo más crítico de la ENUSC radica en que dentro de los hogares victimizados por delitos violentos durante 2024, solo el 45% formalizó una denuncia ante las autoridades. Dicha cifra implica que más de la mitad de los delitos violentos permanece invisible para el aparato estatal, lo que genera un déficit de información que podría comprometer la eficacia y focalización de las políticas públicas de seguridad.

De acuerdo con el instrumento, dentro de los motivos para no denunciar predomina la idea de que "las instituciones no podrían haber hecho nada", y le siguen "porque el incidente no fue suficientemente serio" y "por temor a amenazas o represalias". Este conjunto demuestra que la desconfianza hacia la eficacia del Estado en esta materia sigue latente, tanto en materia de persecución como de resguardo de las víctimas.

Por tipo de delitos, el robo de vehículos alcanza una tasa de denuncia del 92,3% —explicable por requerimientos de seguros—, mientras que delitos como el acoso sexual registran niveles dramáticamente bajos. La victimización por situaciones de acoso aumentó de 9,8% a 11,6% entre 2023 y 2024, pero apenas el 1,8% de las víctimas formaliza denuncia.

El desafío para las políticas públicas es múltiple. Se debe considerar la implementación de estrategias que restauren la confianza ciudadana en las instituciones y aseguren la entrega de respuestas efectivas frente a las denuncias, mientras que, en el plano subjetivo, se debe trabajar tanto la percepción de los delitos con sus condicionantes de género. No menos importante es abordar la construcción social del miedo, a través de un tratamiento que minimice las experiencias reales de victimización, sino que por el contrario, repare la sensación de seguridad.

El miedo no puede ser parte de la experiencia cotidiana. La respuesta institucional debe ser integral y trascender la gestión tradicional de la seguridad pública. De lo contrario, cualquier mejoría permanecerá invisible a la percepción pública.