A pesar de que el concepto de "Macrozona Sur" suele agrupar distintas realidades bajo un mismo concepto, la provincia de Biobío presenta una dinámica particular respecto a los atentados incendiarios y la violencia rural en comparación de los otros territorios que la integran.
Así lo manifestó la seremi de Seguridad Pública del Biobío, Paulina Stuardo, quien subrayó que el panorama en la provincia no es comparable al de Arauco ni al de La Araucanía, donde el poder de fuego y la frecuencia de los ataques son mayores.
Al respecto, la autoridad regional entregó un balance comparativo sobre los hechos de violencia rural registrados durante 2024 y 2025, mencionando una reducción significativa en la provincia de Arauco y precisando diferencias en el tipo de atentados ocurridos en la provincia de Biobío.
En relación con los hechos del año pasado, la autoridad explicó que existió una variación importante en la naturaleza de los ataques en la provincia de Biobío.
Durante 2025, la provincia de Biobío ha registrado tres ataques incendiarios, dos de ellos en Los Ángeles y uno en Santa Bárbara. Este último —ocurrido a comienzos de año— fue el más significativo: la quema de camiones vinculados a la construcción de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, hecho que generó amplia repercusión pública.
DATOS A NIVEL REGIONAL
A nivel regional, la seremi destacó una baja relevante de este tipo de tipo de incidentes en la provincia de Arauco, donde históricamente se concentraba un mayor número de hechos de violencia.
La autoridad atribuyó esta disminución al trabajo que ya lleva tres años implementándose en la región a raíz del estado de excepción, pero también a las coordinaciones y el afinamiento en las coordinaciones y las relaciones entre las policías y, en este caso, la Armada.
"Ha sido clave la coordinación en materia de inteligencia, tanto policial como con el Ministerio Público. Y en el caso de Arauco, también con la Armada", subrayó Stuardo.
Para el Biobío, esa experiencia de articulación —liderada a nivel regional por el contraalmirante Oxley— ha permitido -dijo- fortalecer la capacidad de prevención y respuesta, incluso en zonas rurales donde la geografía complica el despliegue.
Aunque el número total de incidentes en la provincia de Biobío es similar al del año anterior, la naturaleza de los hechos cambió. En 2024, también se contabilizaron tres sucesos en Biobío, pero con un matiz clave: dos ataques armados y un ataque contra infraestructura. Este año, en cambio, todos los episodios han sido incendiarios, sin participación de armas de fuego.
Para Stuardo, este cambio es relevante porque modifica el nivel de riesgo para la población. "Un ataque incendiario es altamente punible, pero no genera el peligro vital que representa un ataque armado", citó la autoridad.
Esa es, precisamente, la diferencia que separa la situación provincial de lo que ocurre en La Araucanía, donde el uso de armamento de alto calibre sigue siendo frecuente y elevando el nivel de peligro para trabajadores y residentes rurales.
Si bien las investigaciones están en curso y la autoridad no puede entrar en detalles, existen elementos comunes en los tres ataques de este año: se trata de ataques incendiarios dirigidos a infraestructura; no se registraron personas heridas y los hechos han ocurrido en sectores donde existen tensiones locales asociadas a obras o faenas productivas.
A diferencia de los ataques armados registrados en años anteriores, estos incidentes no muestran un incremento del poder de fuego ni una intensificación del nivel de violencia directa contra personas. Sin embargo, siguen siendo hechos de alta penalidad y preocupación pública, pues afectan a comunidades, proyectos y actividades económicas.
LOS DESAFÍOS PERMANENTES
Para la seremi de Seguridad Pública del Biobío, el foco está en mantener la coordinación y no bajar la guardia. La experiencia de Arauco demuestra que un trabajo sistemático puede reducir los ataques, pero la realidad de Biobío —aunque acotada— exige continuidad y precisión.
En este contexto, resaltó que las medidas más relevantes en materia de prevención implementada en materia de atentados incendiarios ha sido la articulación entre actores estatales y empresas del sector forestal. "Hay que reconocer aquí que ha habido un trabajo de coordinación público-privada que no podemos dejar de mencionar", afirmó. De igual forma, agregó que este vínculo ha permitido anticipar riesgos y mejorar la respuesta institucional.
De igual forma, resaltó la importancia de que las policías y la Fiscalía están coordinadas en su trabajo de inteligencia, y que exista una comunicación constante entre instituciones, con el objetivo de anticiparse a los hechos más que reaccionar ante ellos, especialmente considerando que la provincia mantiene una ruralidad extensa, con sectores donde la presencia policial requiere amplios desplazamientos y una logística compleja.
