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Un funcionario de Gendarmería de Chile, de 31 años, continuará con arresto domiciliario total y arraigo nacional, luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción confirmara la resolución del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, que rechazó la solicitud de prisión preventiva en su contra.
Los hechos por los cuales fue detenido y formalizado se remontan a la tarde del martes en el camino Las Brujas, en el sector de Diuto, en la capital provincial de Biobío.
De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima —un joven de 24 años— se desplazaba en un vehículo junto a dos amigos cuando fueron interceptados por un sujeto armado que efectuó varios disparos contra ellos para luego darse a la fuga.
La víctima fue trasladada por sus acompañantes hasta el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, tras resultar con lesiones graves a consecuencia de los disparos.
El presunto autor de los disparos —un gendarme de la dotación de La Serena— fue identificado y detenido pocas horas después.
El hombre fue formalizado el viernes 14 de noviembre en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, instancia en que la Fiscalía le imputó tres delitos de homicidio —uno frustrado y dos tentados— y solicitó la prisión preventiva al basar su argumento en la gravedad, cantidad de delitos y el riesgo para la seguridad de la sociedad y de la víctima.
La defensa, en tanto, solicitó imponer medidas cautelares menos gravosas y destacó que el imputado goza de irreprochable conducta anterior y no tiene otras causas asociadas.
Tras la audiencia de formalización de cargos, el tribunal estimó que existían "dudas relevantes" respecto de la dinámica exacta de los hechos y consideró que la prisión preventiva no era proporcional en este momento del proceso.
La Fiscalía apeló verbalmente, por lo que la Corte de Apelaciones debió resolver si se mantenían las medidas impuestas por el tribunal angelino o si le imponía la prisión preventiva.
La defensa del imputado alegó que los hechos ocurrieron en un contexto de amenazas graves previas en contra de la familia de su pareja, las cuales fueron reproducidas en la audiencia.
A ello se suma que el imputado mostró cooperación al entregar el arma y renunciar a su derecho de guardar silencio.
"Si bien la existencia de los ilícitos —homicidio frustrado y tentado— y la participación del imputado fueron consideradas acreditadas por el juez, esta Corte de Apelaciones comparte la valoración en cuanto a la necesidad de cautela, que llevó al Juzgado de Garantía de Los Ángeles a rechazar la prisión preventiva", sostiene el fallo del tribunal de alzada.
"Considerando el arraigo social, familiar y laboral del imputado y las circunstancias atenuantes relativas a su conducta anterior y la cooperación inicial, la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, decretada por el Juzgado de Garantía, resulta proporcional e idónea para asegurar los fines del procedimiento y cumple con el principio de que la prisión preventiva es de última ratio", confirma la resolución de la Corte de Apelaciones.
Ante los argumentos expuestos, el tribunal de alzada confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles que rechazó la solicitud de prisión preventiva y decretó las medidas cautelares de privación total de libertad en su domicilio y arraigo nacional.
A razón de esos antecedentes, concluyó el abogado, "la Corte de Apelaciones estima que, a pesar de la imputación arbitraria que hace la Fiscalía de lo hecho, el contexto ratifica que la prisión preventiva de una persona con un trabajo de esa naturaleza, con irreprochable conducta y que realmente lo que buscó fue defenderse a él y su grupo familiar, hacía totalmente innecesaria y desproporcionada la prisión preventiva".
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