Regístrate en nuestro newsletter
Según explicó, el episodio ocurrido la mañana del viernes —donde un estudiante de quinto básico habría resultado afectado en un incidente con dos alumnos de un curso superior— debe analizarse en su contexto y con base en los antecedentes que se logren acreditar.
A juicio del abogado, el caso tomó una dimensión mayor durante el fin de semana, principalmente a través de redes sociales y grupos de mensajería, donde comenzaron a circular versiones que —según afirmó— no reflejarían con precisión lo ocurrido.
"Se decía que el niño estaba muerto, que estaba gravemente herido. Se generó un nivel de alarma que no se condice con lo que, al menos hasta ahora, se ha podido observar", indicó.
En esa línea, aseguró que el menor afectado asistió a clases con normalidad tanto el mismo viernes como el lunes siguiente, lo que abre interrogantes respecto de la magnitud de las lesiones difundidas públicamente.
"Uno se pregunta: si esto era tan grave, ¿cómo el niño estuvo en el colegio, rindiendo en forma normal? Eso es algo que debe esclarecerse con una investigación seria", agregó.
Uno de los puntos más sensibles abordados por el abogado dice relación con los mensajes de hostigamiento que habrían recibido los estudiantes, principalmente a través de redes sociales.
Valenzuela precisó que estos mensajes no solo habrían provenido de otros estudiantes, sino también de adultos, lo que —a su juicio— agrava el escenario. "Estamos hablando de niños de 11 años, inimputables. No se les puede tratar de delincuentes ni mucho menos amenazarlos", enfatizó.
De acuerdo con su relato, el temor generado por estas situaciones llevó a los padres a tomar una decisión preventiva: retirar a los menores del establecimiento a primera hora del lunes, antes de que se definieran eventuales medidas formales.
"No fue por evitar responsabilidades. Las familias estaban dispuestas a asumir lo que correspondiera, porque hay un video y hay una investigación en curso. Pero ante el nivel de amenazas, se priorizó resguardar la integridad de los niños", explicó.
El abogado aseguró que cuentan con respaldos de estos mensajes, especialmente conversaciones de WhatsApp, que serían incorporadas en las acciones legales que preparan.
En cuanto a los pasos a seguir, Valenzuela confirmó que iniciarán acciones judiciales tanto por las amenazas como por la forma en que se ha difundido la información del caso.
"Vamos a presentar las acciones penales que correspondan. También queremos determinar responsabilidades respecto a cómo se ha manejado esta situación en redes sociales e incluso en algunos espacios públicos", indicó.
Asimismo, no descartó que existan perjuicios hacia las familias producto de la exposición mediática y social del caso. El abogado también cuestionó que se hayan emitido juicios anticipados sin esperar el resultado de las investigaciones.
"Nadie está esperando esclarecer los hechos. Se está ejecutando socialmente a personas acusadas sin tener claridad de lo que pasó", afirmó.
Incluso, mencionó que ha observado publicaciones donde se ofrecen servicios legales para demandar al establecimiento, lo que —según dijo— podría contribuir a aumentar la tensión en el entorno del caso.
Consultado por eventuales medidas de resguardo, el abogado señaló que, hasta ahora, los menores no cuentan con medidas de protección formales.
"La única vía que estamos evaluando es a través de la Fiscalía. Esto no corresponde a tribunales de familia y, lamentablemente, estos procesos no son inmediatos", explicó.
Mientras tanto, indicó que persiste la preocupación en las familias, principalmente por la exposición pública y la posibilidad de nuevos episodios de hostigamiento.
"Los padres temen por sus hijos. Si están amenazando a los niños, es lógico pensar que la familia también se puede ver afectada", añadió.
Pese a su defensa, el abogado fue enfático en señalar que ningún hecho de violencia escolar puede ser justificado. "Estamos completamente de acuerdo en que un niño no puede ser agredido, bajo ninguna circunstancia. Eso es inaceptable", sostuvo. Sin embargo, insistió en que la reacción de la comunidad también debe ser objeto de análisis.
En ese sentido, llamó a la responsabilidad colectiva y a bajar el nivel de confrontación.
"No podemos responder violencia con más violencia. No estamos en la ley del talión. Antes de opinar o condenar, hay que informarse y dejar que las instituciones funcionen", concluyó.
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
¿Quieres contactarnos? Escríbenos a [email protected]
ContáctanosOpinión
