La región del Biobío se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional en uso de licencias médicas fraudulentas por parte de funcionarios públicos, con 903 documentos emitidos entre 2020 y 2022 por médicos que hoy se encuentran bajo investigación penal. El análisis específico de municipalidades y servicios de salud, con base en datos de la Contraloría General de la República (CGR), identifica que 220 trabajadores del Estado permanecían en ejercicio a junio de 2025 en instituciones de la zona.
El decimotercer Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la CGR continúa relevando detalles sobre el esquema de fraude que afecta al sistema público.
A nivel país, se detectó que 44 médicos bajo investigación por parte del Ministerio Público emitieron 10.111 licencias médicas entre 2020 y 2022, cuyos destinatarios fueron 3.532 servidores públicos, 2.012 exfuncionarios del sistema y 1.088 integrantes de instituciones privadas receptoras de fondos estatales. En total, los días de reposo autorizados sumaron 192 mil 781 en el periodo.
GEOGRAFÍA DEL FRAUDE
El análisis territorial expone disparidades significativas en la distribución del fenómeno. La provincia de Concepción concentra la mayor cantidad de funcionarios de servicios de salud y municipalidades involucrados, con 125 en ejercicio. A nivel comunal, Lota (26) lidera la cifra y le siguen Talcahuano (14) y Tomé (12).
La provincia de Biobío, en tanto, suma 58 servidores públicos activos, distribuidos principalmente en Los Ángeles (22), Cabrero (6), Laja (5) y Negrete (4).
En Arauco, el municipio homónimo concentra 21 de los 37 funcionarios públicos detectados a nivel provincial. El resto pertenece a Cañete (5), Tirúa (5), Los Álamos (5) y Lebu (5).
Fuera de las municipalidades, el Servicio de Salud Concepción registra 25 funcionarios en ejercicio con licencias cuestionadas, mientras Talcahuano suma 17 y Biobío 6.
Cabe destacar que no existen datos desagregados por zona de otras instituciones involucradas, como los servicios de educación parvularia, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, los servicios locales de educación (SLEP) y otros. Ello impide un análisis en detalle.
FALLAS DE VERIFICACIÓN Y MOTIVOS
La investigación nacional revela que los 44 médicos investigados son de nacionalidad extranjera, y 10 de ellos ejercieron como funcionarios públicos entre 2019 y 2024. De ese total, cinco no registraban con su Examen Único Nacional de Competencias Médicas (Eunacom) aprobado, requisito fundamental para ejercer en el sistema de salud.
El análisis de la CGR detectó, además, que el 79% de las licencias extendidas corresponde a diagnósticos por salud mental y que el 99% de estas fueron emitidas mediante modalidad electrónica.
PATRONES DE REINCIDENCIA
El análisis ampliado al período 2023-2025, efectuado por el órgano contralor, demuestra la persistencia del esquema, dado que, a nivel nacional, 5.284 trabajadores que usaron licencias cuestionadas entre 2020-2022 volvieron a hacerlo en el período 2023-2025. De ellos, 3.183 corresponden a funcionarios activos del sector público, 1.183 a exfuncionarios y 918 a miembros de otras entidades.
La extensión de las licencias es otro punto relevante, puesto que 1.369 del total utilizaron este mecanismo de reposo por más de 180 días en los años 2023-2024.
MUNICIPALIDADES Y REACCIONES
A nivel país, el sector municipal concentró el 39,4% del total de licencias cuestionadas y emitidas a servidores públicos, cuya distribución abarca 319 comunas. Le siguen los sectores de educación parvularia (29,1%) —que incluye a Fundación Integra y Junji —, servicios de salud (10,1%), otras entidades públicas (9,8%), Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad (4,9%), SLEP (3,9%), entidades privadas receptoras de fondos estatales y Gendarmería.
Consultado por la situación particular de Los Ángeles, el alcalde, José Pérez Arriagada, reafirmó la postura institucional frente a esta clase de ilícitos.
Por su parte, Ricardo Fuentes, presidente de la Asociación de Municipios de la región del Biobío (AMRBB) y alcalde de Hualqui, se refirió a la problemática: "La realidad destapada este año y que da cuenta de más de 3.500 licencias médicas vinculadas a médicos investigados por fraude es un problema que escala más allá de lo administrativo: es una señal que nos llama a estar alerta ante la fragilidad de los controles que pone el Estado y el profundo daño que esto genera en el mundo municipal".
El jefe comunal lamentó que esta falta de pericia se traduzca en costos concretos.
En ese sentido, el representante de la AMRBB solicitó acciones concretas al Ejecutivo. "Aquí solo podemos exigir que el Gobierno actúe con celeridad, modernizando los sistemas de control y que respalde a las municipalidades en las sanciones a los responsables, para así recuperar los fondos que nos están siendo arrebatados a través del vil engaño", concluyó.
