Por casi cuatro horas se extendió la audiencia de formalización de cargos en contra de las abogadas Andrea Romero y Susana Cortés, el exdefensor penal Patricio Gutiérrez y el funcionario judicial Nelson Sáez.
Los imputados enfrentan cargos por asociación delictiva, soborno, cohecho, acceso indebido a información reservada, tráfico de drogas, tráfico de armas y violación de secreto, entre otros delitos.
Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que las abogadas Cortés y Romero habrían ingresado en más de 400 oportunidades a carpetas investigativas digitales del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública, con el presunto objetivo de favorecer a bandas delictivas vinculadas al narcotráfico.
Según el relato del Ministerio Público, el acceso a dichas carpetas requiere autorizaciones específicas lo que constituiría la base del delito imputado.
Al respecto, la fiscal a cargo del caso, Nayalet Mansilla precisó que la investigación se ha desarrollado durante dos años. Además, describió el perfil de la organización investigada y valoró los resultados obtenidos tras dos años de trabajo.
"Se trataba de una banda criminal compuesta por personas muy peligrosas, que tenían gran cantidad de droga y que fueron condenadas por esos delitos", sostuvo.
La persecutora agregó que la investigación también reveló maniobras para entorpecer el proceso. "Incluso fueron capaces de presentar colaboraciones falsas para favorecer a uno de sus integrantes. Todo eso ha quedado establecido durante la investigación", señaló.
Finalmente, la fiscal valoró el trabajo realizado por su equipo. "Es una investigación que ha durado dos años, pero que nos deja hasta ahora satisfechos con los resultados obtenidos", aseveró.
AUDIENCIAS ARREGLADAS
En el caso del exdefensor Patricio Gutiérrez, se le formalizó fundamentalmente por el delito de soborno ya que la investigación -argumentó la Fiscalía- determinó que fue él quien otorgó sus claves y los accesos que le correspondían como funcionario público a estas abogadas, una de ellas su cónyuge para poder ingresar a las causas de la Defensoría, donde además hay antecedentes que son reservados solamente para defensores penales públicos y para la Defensoría.
Nelson Sáez, ex funcionario del Tribunal de Garantía de Los Ángeles por su parte, fue formalizado por el delito de cohecho, toda vez que recibió dinero y otras especies a cambio de fijar audiencias o "arreglar audiencias" para que estuviera determinada jueza y poder así resolverle a favor de las imputadas, indicó la fiscal Mansilla.
La persecutora enfatizó que, en definitiva, lo que lograron establecer en esta investigación, es que se trata de una asociación criminal para cometer delitos, muchos de ellos "muy graves".
La fiscal también se refirió a la dimensión económica del caso, señalando que el móvil principal de la asociación habría sido el lucro.
"Lo que nosotros hemos establecido es que en definitiva se trata de una asociación que lo que quería era poder favorecer a clientes para poder obtener beneficios económicos, por eso el lavado de activos. Hemos visto que hay dinero en juego, y no estamos hablando de cantidades pequeñas, son grandes cantidades, millones de pesos, donde estas personas no pueden justificar ese dinero y obviamente lo ocupan para, además, blanquearlo a través de la compra de propiedades, compra de bienes, entre muchos otros", enfatizó.
FISCALÍA PREPARA QUERELLA CONTRA DOS OTROS INVESTIGADOS
En el marco de esta investigación, la fiscalía mencionó también los nombres del exfiscal Rodrigo Durán —cónyuge de una de las abogadas formalizadas— y de la jueza Cherry Palomera.
La fiscal Mansilla explicó que ambos no han sido formalizados debido a la calidad de sus cargos, lo que exige previamente la presentación de una querella de capítulos, trámite que el Ministerio Público ya estaría preparando.
"Estamos en este momento en confección de los escritos, estábamos esperando, para no alertar a los imputados respecto a las diligencias que se estaban haciendo, estábamos esperando a esta instancia para poder presentar esa querella de capítulos, que deberá ser vista en definitiva por la Corte de Apelaciones de Concepción, y una vez obtenido el resultado de eso, podríamos ver la formalización y las medidas cautelares", aclaró.
CORTE RECHAZÓ APARTAR A LA JUEZA DEL CASO
La audiencia fue dirigida por la jueza Claudia Aguilera, contra quien los abogados defensores de los imputados interpusieron el domingo pasado una recusación ante la Corte de Apelaciones de Concepción. Este mecanismo procesal permite apartar a un juez, funcionario, perito o árbitro de un caso cuando existen causas legales que comprometen su imparcialidad.
La propia magistrada informó a los intervinientes al inicio de la audiencia que la solicitud había sido rechazada por el tribunal de alzada de Concepción.
CAUTELARES
Para este miércoles la audiencia contempla la intervención de las defensas y la solicitud de medidas cautelares por parte del órgano persecutor.
Cabe señalar que el Ministerio Público, no descarta que haya más personas que puedan estar involucradas en esta investigación.
"No se puede descartar. Esta es una investigación que está avanzando, como ustedes ven, es una investigación más dinámica. Nosotros partimos desde muy poco, o sea, partimos tomando una hebra, y de ahí hemos partido. Hemos descubierto un montón de cosas. Creemos que todavía podemos descubrir algunos otros antecedentes" enfatizó la fiscal Nayalet Mansilla.