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La detención se concretó mientras el condenado asistía a un Centro de Salud Familiar (Cesfam) en la ciudad nortina, instancia que fue aprovechada por los efectivos policiales para proceder con su captura.
Según se informó, la PDI mantenía activas y reservadas diligencias con el fin de localizar a Fernández Michell, quien evadía el cumplimiento de su condena por delitos cometidos en septiembre de 1973.
El teniente en retiro fue trasladado hasta el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, donde deberá cumplir la sentencia de presidio perpetuo impuesta en su contra por la justicia. La orden de ingreso a cumplimiento de condena fue emitida por el ministro en visita para causas de derechos humanos de las Cortes de Apelaciones de Concepción y Chillán, Waldemar Koch Salazar.
Fernández Michell fue hallado culpable en calidad de autor de los homicidios calificados perpetrados la noche del 17 de septiembre de 1973 en el Fundo San Juan, ubicado en la comuna de Yumbel, región del Biobío. Las víctimas fueron detenidas ilegalmente y posteriormente ejecutadas en un crimen que forma parte de la denominada "Masacre de Laja-San Rosendo", una de las violaciones masivas de derechos humanos ocurridas en el sur del país durante los primeros días del régimen militar.
La sentencia dictada contra el exoficial corresponde a presidio perpetuo, es decir, una pena de carácter indefinido que debe cumplirse de manera efectiva en un recinto penitenciario.
Las víctimas de este caso corresponden a extrabajadores de la Planta CMPC de Laja y de Empresas Ferrocarriles del Estado (EFE), identificadas como Fernando Grandón Gálvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Óscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Enrique Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Juan de Dios Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Mario Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Mario Jara Jara, Wilson Gamadiel Muñoz Rodríguez y Alfonso Segundo Macaya Barrales.
Todos ellos fueron ejecutados extrajudicialmente la noche del 17 de septiembre de 1973 en un sitio rural del sector Fundo San Juan, tras ser detenidos en las comunas de Laja y San Rosendo. La causa judicial estableció la participación activa del entonces teniente Fernández Michell en estos crímenes, en coordinación con otros agentes del Estado y en un contexto de represión sistemática durante los días posteriores al golpe de Estado.
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