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En plena controversia por el uso irregular de licencias médicas por parte de miles de funcionarios públicos —algunos incluso viajando al extranjero mientras estaban con permiso—, el Gobierno promulgó una nueva legislación que endurece las sanciones para frenar el fraude en el sistema de salud.
Se trata de la Ley N° 21.746, publicada el 24 de mayo en el Diario Oficial, que modifica la Ley N° 20.585 con el objetivo de reforzar las capacidades fiscalizadoras de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).
A partir de ahora, la emisión de licencias médicas quedará restringida exclusivamente a médicos cirujanos, dentistas y matronas que figuren en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. Asimismo, los profesionales titulados desde el año 2009 en adelante deberán acreditar la aprobación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom).
La ley establece sanciones graduales que pueden llegar hasta la suspensión perpetua del profesional infractor y multas que superan los $40 millones. La gravedad de las sanciones dependerá de la reincidencia:
Asimismo, quienes hagan uso malicioso de licencias fraudulentas también arriesgan sanciones penales que van desde los 61 días a 540 días de cárcel, con multas entre 25 y 250 UTM.
La nueva ley dispone que la licencia médica electrónica será el único formato válido, salvo en casos excepcionales de falta de acceso a internet. Para estos casos, se deberán utilizar plataformas tecnológicas certificadas, las que estarán sometidas a control y fiscalización.
Tanto organismos públicos como privados podrán encargarse de la tramitación de licencias, bajo la supervisión de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso). En aras de la transparencia, dicha entidad publicará en su sitio web un registro con el promedio de licencias otorgadas por cada profesional.
También se regulan las funciones de los contralores médicos de Isapres y Compin, estableciendo sanciones cuando rechacen o modifiquen licencias sin justificación. Además, los profesionales que atiendan por telemedicina deberán contar con una habilitación especial y registrar cada consulta como respaldo.
Con un presupuesto fiscal adicional superior a los $690 millones, la normativa apunta a erradicar los fraudes en el sistema, garantizando que las licencias médicas lleguen solo a quienes realmente las necesitan.
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