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Formalizan a diputada Catalina Pérez por fraude al fisco en el Caso Democracia Viva: Fiscalía pide prisión preventiva

por Stephanie Ramírez M.

En la audiencia, el abogado querellante Pablo Toloza, en representación de la UDI, anunció que solicitarán la medida cautelar más gravosa: la prisión preventiva. / Agencia Uno.

Este lunes comenzó la audiencia de formalización de la desaforada diputada Catalina Pérez, en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, en el marco del denominado Caso Democracia Viva.

La parlamentaria, exvicepresidenta de la Cámara y militante de Revolución Democrática, enfrenta tres cargos por fraude al fisco, relacionados con millonarios convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.

Según la Fiscalía de Antofagasta, a Pérez se le imputan delitos por un perjuicio fiscal de 426 millones de pesos.

En la audiencia, el abogado querellante Pablo Toloza, en representación de la UDI, anunció que solicitarán la medida cautelar más gravosa: la prisión preventiva.

"Existen antecedentes que fundan esta formalización, como también la medida cautelar de mayor intensidad que solicite el Ministerio Público. Nosotros entendemos que debiese ser prisión preventiva, basado en que son los mismos antecedentes de los cuatro coautores de este delito", afirmó Toloza.

Sin embargo, desde el Consejo de Defensa del Estado no adelantaron su postura respecto a las cautelares, señalando que consideran a Pérez como cómplice y no autora directa del delito, a diferencia de la calificación realizada por el Ministerio Público. Aun así, los otros implicados en el caso —su expareja Daniel Andrade, fundador de la fundación; el exseremi Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica— se encuentran en prisión preventiva, lo que podría marcar un precedente.

El origen del escándalo

Cabe recordar que el caso Democracia Viva salió a la luz en junio de 2023 tras una investigación del medio Timeline de Antofagasta, que expuso una serie de convenios millonarios suscritos con el aparente objetivo de beneficiar a campamentos en la región. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que estos acuerdos fueron irregulares y se concretaron sin cumplir con las exigencias legales correspondientes.

Según este último tribunal, los antecedentes reunidos —entre ellos informes policiales y mensajes de WhatsApp entre Pérez y Daniel Andrade— otorgan fundamento a la imputación de la Fiscalía, al evidenciar una posible intervención de la diputada en los hechos investigados.

"Lo que es independiente del tipo de participación que en definitiva se pretenda acreditar", precisa el fallo, justificando así el desafuero.

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