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La fiscal regional Claudia Perivancich detalló que las imputaciones se relacionan con la compra de terrenos realizada en 2020 por el Gobierno Regional de Coquimbo. En esa operación, se adquirieron predios por más de 9.000 millones de pesos con el supuesto objetivo de construir un recinto deportivo.
Sin embargo, la Contraloría General de la República detectó serias irregularidades en el procedimiento de compra, lo que motivó la denuncia ante el Ministerio Público.
Según la investigación preliminar, los terrenos fueron adquiridos sin contar con informes técnicos adecuados, estudios de tasación confiables ni el cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos.
Además, se cuestiona la justificación del precio pagado, considerado muy por sobre el valor de mercado.
Lucía Pinto, militante de la UDI, renunció a su cargo de intendenta en septiembre de 2020, poco después de que se iniciaran las indagatorias. En su momento, Pinto aseguró que su salida buscaba facilitar el desarrollo de la investigación, aunque negó cualquier responsabilidad en los hechos.
La Fiscalía solicitará que Pinto sea formalizada por el delito de fraude al fisco, mientras que otros cinco ex funcionarios serán imputados por delitos tributarios vinculados al mismo caso. Entre ellos se encuentran ex jefaturas de división y asesores del Gobierno Regional durante su gestión
El caso "Papaya Gate" —apodado así por el tradicional fruto símbolo de Coquimbo— se ha transformado en uno de los escándalos de corrupción más relevantes en la región, debido al elevado monto involucrado y al impacto político que generó en plena pandemia.
De acuerdo con el cronograma judicial, tras la formalización de cargos, el Ministerio Público podría solicitar medidas cautelares mientras avanza la etapa de investigación.
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