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El ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, lideró la ceremonia con que se dio el vamos a la entrada en vigencia de la Ley N°21.527 sobre reinserción social juvenil para las jurisdicciones de Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, que corresponde a la segunda fase que partió el lunes 13 de enero, tras la implementación de la normativa el año pasado, en el norte del país.
En la actividad, desarrollada en el Juzgado de Garantía de Concepción, participaron además la ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia y coordinadora ejecutiva nacional de la implementación de la ley 21.527 del Poder Judicial, Marcela Araya Novoa; el ministro Rodrigo Cerda San Martín, quien asistió en representación de la Corte de Apelaciones de Concepción; el juez presidente del Juzgado de Garantía de Concepción, Juan Domingo Pinochet Tejos, el fiscal regional del Biobío (s), Michelangelo Bianchi Negrón; el defensor regional del Biobío subrogante, Pablo Ardouin Bórquez, y el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil Biobío, Cristián Sepúlveda Fernández.
Tras la ceremonia, las autoridades coincidieron en que la entrada en vigencia de la ley, que introduce modificaciones a la 20.084, sobre responsabilidad penal adolescente, elimina el Sename y crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil, es uno de los cambios más relevantes en los últimos años en materia de imputados adolescentes, y que tiene como principio rector la resocialización de los menores infractores, a través de programas que contribuyan al abandono de las conductas delictivas y a la integración social de los jóvenes, con una mirada intersectorial.
El ministro Simpértigue, encargado en asuntos de infancia y adolescencia de la Corte Suprema, sostuvo que:
Asimismo, planteó que espera que el recorte presupuestario de este año para el sistema de justicia se revierta. "Esperamos convencer a las autoridades del país, particularmente de Hacienda, que si hay algo que le da estabilidad y seguridad al país es que todo el sistema de justicia funcione bien. La paz social se consigue por esa vía. Es cierto que hay otras que son muy importantes: salud, educación; sin embargo, con la poca certeza en cuanto a lo que va a pasar con cada uno no solo en materia penal, sino en materia civil y otras más, eso provoca mucha inseguridad y desestabiliza la paz social del país", dijo.
El Juzgado de Garantía de Concepción fue elegido para dar el vamos a la implementación de la nueva normativa por una razón en particular: en él funcionará una sala especializada que atenderá las causas de adolescentes de las comunas de Concepción, Penco, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz, Chiguayante y Hualqui. Para ello fueron designados dos jueces, uno en calidad de titular y otro de subrogante, que tomarán las audiencias de control de detención, formalización, incumplimiento de medidas cautelares y otros procedimientos.
"Concepción es una de las jurisdicciones que tiene salas especializadas y que, además, absorbe competencias. Será un referente para la implementación de la tercera etapa, que involucra las jurisdicciones más grandes, porque van a sentarse criterios jurisprudenciales, pues al tener más población van a ser mayores los casos, van a surgir más nudos interpretativos o temas operativos que van a servir para solucionar eventuales problemas que se produzcan en la última fase", afirmó la ministra Marcela Araya, quien recordó que, previó a la entrada en vigencia de la normativa, el Poder Judicial y la Academia Judicial hicieron capacitaciones a jueces, juezas, funcionarios y funcionarias sobre la materia.
En tanto, el ministro Rodrigo Cerda San Martín, quien habló en representación de la Corte de Apelaciones de Concepción, sumó que "esto es un tremendo desafío, porque es la primera región y jurisdicción donde se implementa una sala especializada, que va a tener un juez o jueza, más un fiscal y un defensor especializados, a diferencia de otras jurisdicciones. Otras zonas, como Cañete, por ejemplo, tendrán que verlo con salas de atención preferente".
El fiscal regional (s), Michelangelo Bianchi, relevó que en el caso de su institución se haya destinado recursos adicionales para contratar dos fiscales de dedicación exclusiva para causas con adolescentes. "Si bien descendió el índice de comisión del delito de niños, niñas y adolescentes, sí recrudeció desde el punto de vista de delitos más graves; o sea, están involucrados en delitos de crimen organizado o de mayor envergadura y precisamente eso es lo que esperamos, que esta reforma sí venga a solucionar aquello porque esta reforma viene con dos conceptos fundamentales, que son reinserción y reincidencia", declaró.
Pablo Ardouin, defensor regional público (s) del Biobío, destacó que la normativa está centrada en la rehabilitación: "El rol que va a tener la coordinación de todos los actores y, por otro lado, el del nuevo servicio, van a ser relevantes. Antiguamente cada dispositivo debía desplazarse por la región. Ahora se juntan todas esas comunas en Concepción entonces todo el dispositivo de adolescentes va a estar concentrado en un solo juzgado, ya la gente no va a tener que estar preocupada de trasladarse y eso orgánicamente va a tener un impacto muy significativo".
Finalmente, el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Cristián Sepúlveda Fernández, apuntó a que es una muy buena noticia que se implemente una sala especializada en Concepción: "Se recibe con mucho optimismo, porque son los pasos que se tienen que dar. La ley mandata que tengamos especialización no solamente de los funcionarios que están en la atención directa, sino que en todos los actores del sistema de justicia juvenil, así que esperamos que la coordinación de la sala permita su uso óptimo".
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