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De acuerdo con las cifras entregadas por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), durante 2022 se registraron 43 femicidios consumados a nivel nacional, de los cuales tres ocurrieron en la región del Biobío. Una situación que este año, en los pocos meses que han transcurrido, se vuelve similar, a raíz de que ya se han notificado dos femicidios consumados en el Biobío. Número que asciende a ocho en total dentro del territorio chileno.
Desde 2021 los femicidios, es decir, el asesinato de una mujer ejecutado por quien es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común, en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia (Ley 21.212), no han bajado de los 40 casos anuales. Panorama que preocupa a las autoridades tanto a nivel local como nacional.
En ese sentido, han surgido iniciativas que buscan ayudar a quienes son las víctimas colaterales de estos crímenes. Es así como en los últimos días se ha discutido en el Senado un nuevo proyecto de ley que busca aplicar una reparación integral para hijas e hijos de víctimas de femicidio. Una iniciativa que nació desde la Comisión de Mujer y Equidad de Género y que ahora se encuentra en manos de la Comisión de Hacienda para su respectivo análisis.
La nueva norma que se encuentra en proceso de ser aprobada, plantea una serie de medidas de reparación, entre las que destaca una pensión mensual de 160 mil pesos para las hijas e hijos, menores de 18 años, que hayan perdido a su madre a causa de un femicidio. Este monto, el cual será reajustable según el Índice de Precios al Consumidor cada año, será pagado por el Instituto de Previsión Social, mientras que Sernameg será la entidad encargada de conceder la presente pensión.
Si bien se barajó la posibilidad de ampliar a los beneficiarios, principalmente para aquellos que se encuentren en la educación superior, se reconoció que los recursos no estarían disponibles.
Un dato no menor comentado en la instancia de discusión, fue que “considerando la información del Circuito Interseccional de Femicidio, se estima que esta beneficiaría en promedio a 46 niñas, niños y adolescentes hijos de víctimas de los delitos en grado de consumado al año. En el primer año de aplicación de esta ley, también deben considerarse las pensiones a las hijas e hijos de las víctimas de femicidio o suicidio femicida cuya sentencia judicial esté firme y ejecutoriada antes de la entrada en vigencia de la ley”.
Otras alternativas que también fueron mencionadas por la Comisión es la aplicación de una serie de medidas de protección para la familia de la víctima, quienes, de aprobarse el documento, podrán gozar de una atención preferente en atenciones de salud, una calificación especial registro social de hogares, entre otras. A su vez, se complementaron estos beneficios con protección en el trabajo, donde se acordó que “la víctima podrá solicitar la adecuación temporal de sus prestaciones laborales, durante el plazo que dure el fuero, con el fin de permitir su debida reparación y protección”.
Adicionalmente, para seguimiento a la ley, se agregó un artículo nuevo con el “deber de información”, para que “en el mes de marzo de cada año se enviará un informe detallado sobre el estado de avance de la implementación de la presente ley a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y a la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado”.
Finalmente, es importante señalar que, según estadísticas del Ministerio del Interior, del total de denuncias por violencia intrafamiliar el 75% aproximadamente corresponde a mujeres, sin considerar a niñas y menores de edad, ni adultas mayores. Asimismo, en la región del Biobío durante 2022 se registraron 11.639 denuncias de este tipo, de las cuales 8.837 fueron hechas por mujeres.
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