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Durante la mañana de la jornada del martes la ministra Tohá descartó la opción de un veto presidencial al proyecto de ley Naín-Retamal, al menos por el momento, debido a que aún se encuentran en proceso de votaciones a negociaciones, y no se han agotado las instancias para modificar algunos de los artículos que han generado polémica.
La jefa de la cartera señaló que "no hay ningún veto, de lo que estamos hablando es de una votación en la sala, donde esperamos que impere un ambiente más receptivo, de más diálogo que el que hubo en la comisión. Ayer llevamos una serie de propuestas pero hay una mayoría que no aceptó aproximar posiciones, pero en la sala hay una nueva oportunidad".
Carolina Tohá agregó que "estamos en medio de la tramitación, así que es muy anticipado hablar de cualquiera de esas opciones. Si las cosas siguen como fueron ayer en la comisión, habría un tercer trámite porque ya el proyecto se modificó". "Lamentablemente algunas de esas modificaciones lo empeoraron. Por ejemplo se estableció una norma que dice que los mandos no tienen responsabilidad por los abusos que comenten sus subordinados salvo que les hayan instruido directamente cometer delitos, pero su obligación debiera ser controlar que cometan", indicó.
En medio del debate de iniciativas pro seguridad, impulsada por el Congreso luego del crimen de la sargento de Carabineros Rita Olivares, se encuentra la ley Naín-Retamal, un proyecto que tiene por finalidad aumentar las penas para quienes ataquen a las diferentes policías chilenas. En ese sentido, uno de los artículos que más disputas generó es el que otorga a Carabineros la presunción del uso justificado de armas de servicio, consagrando así el principio de legítima defensa de los funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.
Organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de un comunicado, planteó que la normativa favorecería la impunidad de las policías y además, dificultaría la investigación. Desde el INDH agregaron que "el proyecto de ley contiene disposiciones que constituyen retrocesos en estándares de derechos humanos que tampoco resuelven los problemas operativos del trabajo policial y que pueden tener efectos que aún no se pueden prever, por lo que se requiere un estudio más detenido antes de que sea ley".
Desde la Organización de las Naciones Unidas, el jefe de la ONU para América del Sur, Jan Jarab, lamentó que un proyecto de tal importancia se tramitara de forma acelerada, señalando además que las atribuciones sobre legítima defensa privilegiada policial del proyecto "no se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos". Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas, la norma avanzó hacia la Comisión de Seguridad Pública del Senado, donde fue respaldada de forma unánime.
La iniciativa pasó a segundo trámite y el Ejecutivo, representado por la ministra del Interior, Carolina Tohá; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el ministro de Justicia, Luis Cordero; y la ministra Secretaria General de la Presidencia (s), Macarena Lobos, presentó indicaciones vinculadas al uso de arma de servicio por parte de las policías y modificaciones en materia del Código de Justicia Militar.
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