Antes que senador, soy padre. Y soy abuelo. He visto crecer a mis hijos y he vuelto a descubrir, en los ojos de mis nietos, ese mundo maravilloso donde todavía existe la inocencia, donde una mano pequeña busca la nuestra porque confía en que nada malo puede ocurrir mientras estemos cerca. Esa confianza es sagrada. Y protegerla es quizás el deber más noble que tenemos los adultos.

Por eso, cuando conozco que el Gobierno del Presidente Kast ha concedido rebajas de condena a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra niños y niñas, siento una indignación que no nace de mis convicciones políticas. Nace de lo más profundo de mi conciencia, de aquello que me hace humano.

Y digo personas condenadas por respeto a quienes leen estas palabras, porque cuesta encontrar un nombre para quienes han sido capaces de abusar sexualmente de un niño.

Pienso en mis nietos, en sus risas, en sus juegos, en sus brazos extendidos esperando un abrazo. Y entonces pienso en aquellos niños que conocieron el miedo donde debieron encontrar cariño, que fueron traicionados por quienes tenían la obligación de protegerlos, que vieron quebrarse su confianza cuando apenas comenzaban a descubrir la vida.

Pienso también en sus madres. En aquellas que quizás llevan años preguntándose por qué no llegaron unos minutos antes, por qué no descubrieron lo que ocurría. En los padres que todavía se reprochan no haber visto una señal. En los abuelos que darían lo que les queda de existencia por arrancar un solo instante de dolor de la memoria de sus nietos.

A todos ellos quisiera decirles algo: no fueron ustedes quienes cometieron esos delitos. La culpa pertenece exclusivamente a quienes abusaron de sus hijos. Ninguna madre, ningún padre, ningún abuelo debería cargar con una responsabilidad que no le corresponde.

Hay dolores que no hacen ruido. Niños que callan porque tienen miedo. Otros que necesitan años para encontrar las palabras. Familias enteras que aprenden a vivir alrededor de una herida que nadie puede ver.

Y cuando finalmente encuentran el valor de denunciar, cuando atraviesan el largo y doloroso camino de la justicia, cuando consiguen que un tribunal reconozca lo ocurrido y condene al responsable, el Estado aparece nuevamente en sus vidas. Esta vez para comunicarles que se ha reducido la condena.

Señor Presidente, ¿alcanza a comprender lo que eso puede significar para una víctima?

¿Puede imaginar a una madre intentando explicarle a su hijo que la persona que le hizo daño cumplirá menos tiempo de condena? ¿Puede comprender la impotencia de una familia que creyó encontrar en la justicia una respuesta y ahora siente que debe volver a defenderla?

No me responda solamente con expedientes, decretos y artículos legales. Conozco el valor del Estado de Derecho, lo he defendido desde niño. Sé que incluso los responsables de los delitos más graves tienen derechos que deben respetarse. Pero también sé que la legalidad no agota la responsabilidad moral de quien gobierna.

Y aquí está el fondo del problema, Presidente: usted debe explicar no solamente por qué estas rebajas eran jurídicamente posibles, sino por qué su Gobierno decidió concederlas cuando existía una alternativa legal para rechazarlas.

Usted ha hablado de familia, de valores y de protección de la infancia. Pero las convicciones no se demuestran con discursos pronunciados desde La Moneda. Se demuestran cuando llega la hora de decidir, cuando hay que elegir entre la comodidad de un trámite y la responsabilidad de examinar hasta sus últimas consecuencias el daño que una decisión puede provocar.

Y en este caso, su Gobierno tiene una deuda moral de explicaciones con las víctimas.

Detrás de esas 56 condenas no hay solamente expedientes judiciales. Hay historias humanas. Hay niños y niñas que merecen recuperar la tranquilidad, familias que han debido reunir fuerzas donde ya no les quedaban y personas que esperan del Estado algo más que una firma al pie de una resolución.

Señor Presidente, por un momento deje de mirar este asunto desde el poder. Mírelo desde la mesa de una familia. Desde el dormitorio de un niño que despierta asustado. Desde los brazos de una madre que intenta consolarlo sin encontrar palabras. Desde la impotencia de un abuelo que descubre que ni todo su amor alcanza para evitar el sufrimiento de su nieto.

Ahí, Presidente, es donde debe medirse la verdadera responsabilidad de un gobernante. No en la solemnidad de sus palabras, sino en la humanidad de sus decisiones.

Algún día dejaré de ser senador. Los cargos pasarán, los discursos se olvidarán y el tiempo borrará muchas de nuestras disputas. Pero hay algo que quisiera conservar hasta el último día de mi vida: la tranquilidad de haber levantado la voz cuando alguien indefenso necesitaba ser defendido.

Quisiera que mis nietos recordaran que su abuelo nunca encontró una razón para guardar silencio frente al sufrimiento de un niño.

No quiero un Chile donde las víctimas deban suplicar que las escuchen. No quiero un país donde una familia tenga que librar dos batallas: una para conseguir justicia y otra para exigir que el Estado no olvide el daño sufrido. Y mucho menos quiero un Chile donde alguien que pretenda abusar de un niño encuentre motivos para creer que sus actos tendrán consecuencias menores.

Quiero un país donde la infancia sea un territorio inviolable. Donde cada niño pueda dormir sin miedo. Donde ninguna madre tenga que preguntarse qué hizo mal cuando la responsabilidad pertenece enteramente al agresor. Donde la justicia proteja la dignidad humana con la misma firmeza con que exige el cumplimiento de la ley.

Y termino diciéndole algo, señor Presidente.

No le hablo desde el odio ni desde la revancha política. Le hablo desde la experiencia de haber sostenido a un hijo entre mis brazos, de haber sentido miedo por su seguridad y de saber que uno entregaría su propia vida antes de verlo sufrir.

Usted podrá explicar la legalidad de estas rebajas. Pero todavía tiene que responder por su dimensión humana. Porque detrás de cada condena hay una víctima, detrás de cada víctima hay una historia y detrás de cada historia existe una dignidad que el Estado jamás debe olvidar.

Si una decisión del Estado hace que un niño vuelva a sentir que está solo frente a quien le hizo daño, entonces ese Estado tiene una obligación moral que ningún decreto puede borrar: escucharlo, protegerlo y responderle.

Qué profunda vergüenza, Presidente. Hoy usted les falla a las familias, les falla a los niños, le falla a Chile. ¡Qué vergüenza!

Gastón Saavedra

Senador de la República.