La discusión sobre seguridad pública en Chile es un asunto cotidiano y relevante. Hasta el momento, se ha centrado en elementos, por cierto, esenciales, como el rol de Carabineros y de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, o en nuevas políticas penitenciaras y en el endurecimiento de las leyes, sin embargo, se ha ignorado un eslabón débil dentro de la estructura del Estado: el nivel municipal. ¿Por qué? Porque más allá de las nuevas atribuciones que se les ha entregado en prevención y coordinación, la crisis actual las impacta como objetos y sujetos de la nueva criminalidad.

En tal sentido, existen indicios de una erosión del control a nivel subnacional, debido a la penetración y consolidación del crimen organizado en algunas comunas, el que se ramifica y permea hacia las municipalidades en cuanto puerta de entrada al territorio local.

Este escenario es factible debido al avance sostenido de la criminalidad organizada, graficada en el aumento de homicidios vinculados a estas redes y en su concentración territorial en comunas específicas. El riesgo mayor es la penetración de estos grupos al interior de la estructura municipal.

Estos patrones sugieren el tránsito desde "actos individuales desviados" hacia formas incipientes de "captura institucional local", lo que facilita el ingreso de estas redes criminales capaces de influir en decisiones públicas locales. Un factor causal es la combinación de baja capacidad de fiscalización interna, fragmentación de competencias municipales, escasa vigilancia y fuertes asimetrías entre estos cuerpos edilicios. Existen barrios vulnerables, campamentos y periferias donde las organizaciones criminales aprovechan estos factores para controlar economías ilícitas (drogas, armas, comercio informal, contrabando, transporte irregular) y ofrecer protección, crédito y resolución de conflictos, soslayando el rol municipal.

En la medida en que estas redes ocupan funciones y espacios públicos, se configura una gobernanza criminal paralela que erosiona la autoridad estatal y naturaliza el poder de facto de estos grupos. Cualquier política seria de seguridad debe asumir al municipio como actor estratégico (objeto) y no como mero ejecutor administrativo (sujeto), por ende, se requiere fortalecer sus capacidades técnicas, sus controles y elevar los estándares de integridad. La tarea está en reducir opacidades y oportunidades de captura por parte de actores externos ilícitos o incluso internos (corrompidos).

Roberto Lagos

Miembro del Observatorio de Gobernanza Universidad de Las Américas