La reciente realización de EREDE 2026 en Los Ángeles marcó un hito importante para nuestra provincia y para toda la Región del Biobío. Que este encuentro empresarial se desarrollara fuera de Concepción: fue una señal concreta de descentralización y, al mismo tiempo, un reconocimiento al rol estratégico que cumple Los Ángeles en la discusión sobre el desarrollo económico regional.

Bajo el lema "Biobío: de la potencia a la acción", representantes de asociaciones gremiales, comercio, industrias, empresas y autoridades nacionales —entre ellas el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle— debatieron sobre competitividad, energía, logística, empleo e inversión. El consenso fue claro: Biobío tiene las capacidades, la historia productiva y el capital humano para volver a crecer.

Pero la pregunta que quedó instalada fue tan simple como desafiante: ¿cómo transformamos esa capacidad instalada en más inversión, más empleo y mayor bienestar para las familias?

La urgencia es evidente, especialmente cuando el desempleo regional alcanza el 9,8%, una cifra que nos obliga a avanzar desde el diagnóstico hacia acciones concretas.

En ese contexto, uno de los temas centrales fue el proyecto de reconstrucción económica nacional, una discusión clave para reactivar la inversión y recuperar dinamismo. Desde el Congreso, esta conversación también se traduce en herramientas legislativas que apuntan justamente a eliminar trabas que hoy frenan el crecimiento.

Proyectos como la firma electrónica avanzada, el pagaré electrónico o la ley marco de autorizaciones sectoriales y sanitarias pueden parecer lejanos o excesivamente técnicos, pero en la práctica tienen efectos muy concretos: menos burocracia, menos tiempos de espera y más facilidades para emprender, invertir y generar empleo.

Para un pequeño comerciante, para una pyme o para un emprendedor local, reducir trámites puede significar la diferencia entre abrir un negocio en semanas o quedar estancado durante meses esperando autorizaciones. Modernizar procesos también significa dar certezas y permitir que la economía formal avance con mayor agilidad.

Sin embargo, así como debemos avanzar en facilitar el desarrollo formal, también debemos hacernos cargo de aquello que lo debilita.

La semana pasada, en una instancia organizada por la Cámara de Comercio de Los Ángeles, se abordó una preocupación creciente: el avance del comercio ambulante ilegal y su impacto sobre el comercio establecido.

Aquí es donde la discusión legislativa y la realidad de nuestras calles se encuentran.

Cada comerciante formal en Los Ángeles paga impuestos, cumple obligaciones laborales, sostiene empleos y asume costos operacionales crecientes. Sin embargo, muchos deben competir con actividades que operan completamente al margen de la ley.

Detrás de gran parte del comercio ambulante ilegal no solo existe informalidad. También hay contrabando, falsificación, evasión tributaria y, en algunos casos, vínculos con estructuras delictuales organizadas.

Desde lo económico, esto genera una competencia desleal imposible de sostener. Desde lo social, normaliza la informalidad. Desde lo fiscal, reduce recursos que son esenciales para financiar servicios públicos.

Y quizás lo más preocupante es que hemos comenzado a acostumbrarnos.

No podemos normalizar aquello que termina castigando justamente a quienes hacen las cosas bien.

Si queremos que Biobío vuelva a crecer, no basta con atraer grandes inversiones o discutir grandes reformas. También debemos proteger al comerciante tradicional, al emprendedor de barrio, al negocio familiar y al trabajador formal.

Porque el crecimiento económico no se construye solo con grandes cifras; se construye también en el almacén, en la tienda del centro, en el local que abre temprano y cierra tarde para sostener a una familia.

Mi llamado, como diputada de la República, es a que no sigamos mirando hacia el lado.

Debemos impulsar leyes que faciliten emprender y crecer, pero también tener la voluntad de enfrentar con decisión la informalidad y el comercio ilegal.

Pasar de la potencia a la acción significa justamente eso: destrabar lo que impide avanzar y proteger lo que sí genera desarrollo. Porque detrás de cada negocio formal hay esfuerzo, sacrificio y dignidad.

Y ese es, finalmente, el corazón de toda política pública: cuidar a las personas y defender las oportunidades de quienes, día a día, construyen el futuro de nuestra región.

Flor Weisse

Diputada