Hay algo profundamente equivocado en la forma en que enfrentamos esta tragedia. Cada año hablamos de la "temporada de incendios" como si estuviéramos anunciando la llegada de la primavera o del invierno. Como si fuera un fenómeno inevitable de la naturaleza frente al cual solo quedase cruzar los dedos y esperar que el viento sople para otro lado.

No. Los incendios existen. El cambio climático es real. Pero la resignación también mata.

Un país serio no inaugura todos los años una temporada de catástrofes. Un país serio las previene. Planifica. Invierte. Fiscaliza. Investiga. Castiga a los responsables y corrige aquello que aumenta el riesgo antes de que las llamas lleguen a las casas de las familias.

La primera línea de defensa debe estar en los municipios y en sus planes comunales de emergencia. Los planes reguladores no pueden seguir dibujando ciudades ignorando el peligro que representan los incendios forestales. No podemos seguir autorizando expansiones urbanas sin considerar la interfaz entre los sectores poblados y las plantaciones o bosques que los rodean.

También debemos cambiar nuestra forma de combatir el fuego. La tecnología existe y las capacidades pueden desarrollarse para responder incluso durante la noche. Cada hora perdida significa más viviendas destruidas, más familias desplazadas y, muchas veces, más vidas perdidas.

Pero la prevención también exige responsabilidades concretas para quienes desarrollan actividades forestales. No basta con extraer recursos; existe una obligación con el territorio y con las comunidades que conviven con esa actividad. Debe ser obligatorio contar con planes de cierre de explotación que incluyan el manejo seguro de la biomasa residual, programas efectivos de reforestación y la construcción de verdaderos cortafuegos arbóreos mediante especies nativas capaces de retardar el avance del fuego y proteger los centros poblados.

Aquí aparece otra deuda pendiente: una moderna ley de fomento a la forestación para pequeños y medianos propietarios. Una ley que no solo subsidie plantar árboles, sino que financie cortafuegos, manejo preventivo y exija que una parte significativa de las especies corresponda a bosque nativo, especialmente alrededor de las zonas habitadas. El bosque nativo no es un obstáculo para el desarrollo; es una herramienta de protección para las personas.

También es indispensable acelerar la investigación y sanción de quienes provocan incendios. La impunidad solo alimenta nuevas tragedias. Los incendios en Chile son  intencionales o producto de negligencias inaceptables.  En nuestro país no existen incendios por causas naturales y la respuesta de la justicia debe ser rápida y ejemplificadora.

Ya no hay espacio para más diagnósticos ni para discursos de verano frente a las cámaras. Este invierno debe ser el momento de actuar. Hago un llamado al Gobierno y a todos los parlamentarios, sin distinción política, a acelerar la tramitación de la Ley de Incendios y de una nueva ley de fomento forestal - hay un ministro que parece que me escuchó y hablo de fomento forestal, bien por eso-, destinando además los recursos necesarios para que sus medidas no queden en el papel. Cada peso invertido en prevención evita pérdidas humanas, protege viviendas, resguarda el patrimonio natural y ahorra miles de millones en reconstrucción. La política tiene la obligación de adelantarse a la tragedia y no de limitarse a lamentarla cuando las llamas ya lo han consumido todo.

Gastón Saavedra

Senador de la República