La confianza pública es el principal patrimonio de cualquier democracia. Los ciudadanos pueden tolerar diferencias políticas, debates intensos e incluso errores de gestión, pero difícilmente aceptan que quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones para el país oculten información relevante que podría influir en esas mismas decisiones. Por eso, cuando una autoridad omite antecedentes que debieron estar en conocimiento de todos, el problema es de falta a la probidad y a la fe pública.

Eso es precisamente lo que ocurre con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La revelación de una relación familiar que no habría sido transparentada en su declaración de intereses y que guarda relación con actividades beneficiadas por la denominada Ley de Reconstrucción abre una interrogante que el Gobierno no ha logrado responder satisfactoriamente: ¿Puede seguir participando en la discusión de una ley que favorece económicamente a su hermano?

No se trata de cuestionar la legalidad de una actividad económica ni de condenar a nadie por el hecho de tener familiares que desarrollen negocios legítimos. El problema es otro. La obligación de una autoridad pública es transparentar oportunamente cualquier situación que pueda generar dudas razonables sobre su imparcialidad. Cuando eso no ocurre, la sospecha se instala y la credibilidad de las instituciones comienza a deteriorarse.

La denominada Ley de Reconstrucción incorpora beneficios tributarios para proyectos inmobiliarios y mecanismos de incentivo a la inversión en un sector específico de la economía. Por lo mismo, la discusión exige los más altos estándares de probidad. Ese principio básico de la función pública existe precisamente para evitar que quienes toman decisiones aparezcan beneficiándose, directa o indirectamente, de ellas.

Lo preocupante es que el ministro Quiroz no es un observador externo de este debate. Es el titular de la cartera responsable de conducir la política fiscal del país y una de las principales voces del Gobierno en la tramitación de esta iniciativa. Su influencia sobre el contenido, la defensa y la negociación del proyecto es evidente. Por ello, cualquier antecedente que pueda afectar su independencia debió haber sido conocido desde el primer momento. - Para que vamos a agregar que en la misma ley en discusión se incluye una exención de pago de impuestos territoriales (contribuciones) a los mayores de 65 años y que el ministro hoy tiene 64 años-.

La omisión de información relevante en una declaración de intereses no es un detalle burocrático. Las declaraciones existen para que la ciudadanía, los organismos fiscalizadores y las propias instituciones puedan identificar posibles conflictos y se tomen decisiones respecto a ello, en el particular un ministro, el que sea, no puede crear y defender una Ley para beneficiar a su hermano y si eso pasa debe dar un paso al costado. De haberse declarado la relación de interés podría haberse inhabilitado, pero al ocultarla maliciosamente entonces debe dejar el cargo de ministro -ahora entiendo los dichos de la ministra Lincolao cuando se refería a que no era la única que había omitido sociedades en su declaración de intereses- el problema es que con justa razón hoy debemos preguntarnos ¿Qué mas no sabemos?, ¿Qué otra cosa ocultan u omiten los ministros?

El Gobierno tiene la obligación de aclarar todos los antecedentes y el ministro tiene el deber de explicar detalladamente por qué esa relación familiar no fue incorporada oportunamente.

La democracia requiere confianza. Y esa confianza se construye con transparencia absoluta, especialmente cuando están en juego beneficios tributarios, intereses económicos y decisiones que afectan a millones de chilenos. Sobre todo, cuando viene de personas que apuntaban a todos con el dedo, acusándolos de corruptos y que ellos eran los únicos impolutos que salvarían a Chile de este tipo de situaciones.

En política, como en el deporte, nadie aceptaría que el árbitro tenga vínculos con uno de los equipos en competencia. Y si los tiene, lo mínimo exigible es que lo informe y se reste del partido. Cuando eso no ocurre, el resultado queda inevitablemente bajo sospecha.

Gastón Saavedra, senador de la República.