La Comisión Verdad y Niñez nació con un objetivo profundamente necesario: esclarecer las graves vulneraciones a los derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado entre 1979 y 2024. Su creación, impulsada por compromisos internacionales asumidos por Chile tras observaciones de Naciones Unidas y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representa un intento por avanzar en verdad, reparación y garantías de no repetición frente a una de las heridas más dolorosas de nuestra historia reciente.

Sin embargo, el desafío de reconstruir esas historias nunca ha sido simple. Hablar sobre experiencias de violencia institucional, abandono o vulneración requiere tiempo, confianza y condiciones adecuadas de acompañamiento. Muchas víctimas han tardado décadas en sentirse capaces de contar lo ocurrido. Por eso, todo proceso de escucha debe construirse desde el cuidado, la contención y el respeto irrestricto hacia quienes entregan su testimonio.

En ese contexto, preocupa el debilitamiento que hoy enfrenta la Comisión. Las dificultades para acceder a información, la escasa colaboración de distintos organismos públicos y la limitada difusión ya habían generado obstáculos importantes para el cumplimiento de su mandato. Pero a ello se suman ahora decisiones que afectan directamente su autonomía y funcionamiento interno.

La desvinculación de parte significativa del equipo profesional, la reducción de presencia regional y la eliminación de áreas fundamentales para el trabajo de archivo, memoria y documentación amenazan con debilitar un proceso que aún se encuentra en plena etapa de recepción de testimonios. Más aún, cuando la escucha de víctimas continuará hasta diciembre de 2026 y el informe final debe entregarse en abril de 2027.

El problema no es únicamente administrativo. Cuando procesos de esta naturaleza pierden capacidad territorial, acompañamiento o continuidad, quienes primero resienten esas decisiones son las propias víctimas. La incertidumbre institucional puede transformarse nuevamente en desconfianza, especialmente para quienes ya han declarado o para quienes aún evalúan hacerlo.

Además, las consecuencias suelen impactar con mayor fuerza a las personas más difíciles de alcanzar: niñeces institucionalizadas, población penal, personas en situación de calle o habitantes de sectores rurales y alejados. Precisamente aquellos grupos que históricamente han quedado fuera de los espacios de reconocimiento y reparación.

Las comisiones de verdad requieren autonomía, estabilidad y respaldo político transversal. No solo porque investigan responsabilidades complejas, sino porque representan un compromiso ético del Estado con quienes fueron vulnerados bajo su cuidado. Debilitar esas condiciones pone en riesgo no solo el cumplimiento de un mandato institucional, sino también la posibilidad de construir memoria y confianza pública.

Chile ha aprendido, muchas veces dolorosamente, que las heridas que no se escuchan ni reparan terminan reproduciéndose en el tiempo. Por eso, avanzar en verdad y justicia respecto de las vulneraciones sufridas por niños, niñas y adolescentes no debiera entenderse como un gesto simbólico ni administrativo. Es una responsabilidad democrática mínima frente a quienes el propio Estado no supo proteger.

Y en materias de infancia, cuando la verdad se posterga o se debilita, el daño nunca termina siendo solo del pasado.

Marcela Olguín

Académica de Trabajo Social Universidad Andrés Bello