En el actual modelo educacional, la escuela pública se ve enfrentada a dos procesos extraordinariamente complejos: administrar la desigualdad social y contener emocional y psicológicamente a los estudiantes; procesos que tienen su génesis fuera de la escuela, en la sociedad y en la familia. El modelo de mercado que financia el sistema —de pago de subvención por alumno— ha empujado a la escuela a su límite, obligándola a competir por matrícula, financiamiento, resultados y legitimidad social, transformando al profesor en un asistente social, psicólogo y contenedor de todas las conductas disruptivas, dejándole muy poco espacio a sus tareas fundamentales, como la enseñanza.

Hay muchos estudios y especialistas que coinciden en que, bajo este enfoque, el centro educativo deja de ser un espacio para la enseñanza sistemática del conocimiento y se convierte, ante todo, en un lugar donde niñas, niños y jóvenes deben estar. No necesariamente aprendiendo, no necesariamente comprendiendo y no necesariamente desarrollando el pensamiento crítico y el análisis, pues se trata simplemente de estar. Permanecer. Ser contenidos, mientras el Estado administra la desigualdad sin transformarla.

El discurso oficial presenta esta función como un acto de justicia social. Se afirma que la escuela garantiza protección, alimentación, contención emocional y resguardo frente a contextos adversos. Todo eso es real y necesario. El problema aparece cuando esa lógica sustituye —y no complementa— la tarea educativa. Cuando enseñar pasa a segundo plano y se naturaliza que aprender "ya no siempre es posible" dadas las condiciones sociales.

Aquí surge una de las tensiones centrales del sistema escolar contemporáneo: se amplían las funciones de la escuela, pero no se fortalecen sus capacidades pedagógicas. Se le pide que contenga pobreza, violencia, abandono institucional y fractura comunitaria, sin modificar tiempos, recursos ni estructuras. La escuela se tensiona hasta el límite, y el docente queda en el centro de esa expansión sin respaldo real.

Desde el discurso político se insiste en que la escuela debe ser "inclusiva", pero se evita discutir qué tipo de inclusión se está construyendo. Incluir sin enseñar no es justicia educativa y menos social. Mantener a los estudiantes dentro del sistema sin garantizar acceso real al conocimiento refuerza la desigualdad que se dice combatir.

Los anuncios recientes vienen a reforzar lo que ya tenemos y que políticamente no hemos sido capaces de corregir. La oportunidad de realizar los cambios existió —en los gobiernos de la Concertación—; sin embargo, no hubo voluntad para realizarlos.

Este análisis que se viene haciendo del estado actual de nuestra educación pública puede molestar a algunos, pero la realidad es abrumadora. Pudiera pensarse que abordar estos temas representa un sesgo de la izquierda. No obstante, bastaría con ver los modelos europeos para entender que la educación es una de las principales responsabilidades del Estado, porque se entiende, además, que una buena educación pública, universal y gratuita representa el principal soporte de la democracia.

Mario Morales Burgos

Profesor