Como abogado, y más aún como ciudadano de la provincia de Biobío, observo con creciente preocupación la crítica situación que enfrenta el sistema penitenciario en Los Ángeles. Nuestra actual unidad penal, construida bajo estándares de otra época, se encuentra sobrepasada en capacidad, infraestructura y condiciones de habitabilidad, lo que no solo vulnera derechos básicos, sino que además atenta contra los fines que la ley asigna a la pena privativa de libertad.

El artículo 1° de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile establece que la misión institucional es "mantener a las personas privadas de libertad en condiciones que permitan su reinserción social y, a la vez, velar por la seguridad". Sin embargo, la sobrepoblación carcelaria genera el efecto contrario: hacinamiento, conflictos internos, mayor violencia y limitación de programas de capacitación y rehabilitación. Esto no solo es una falla operativa, sino un incumplimiento estructural de los deberes del Estado en materia penitenciaria.

Una nueva evaluación y estudio han logrado dar el impulso para poder construir una nueva cárcel en la comuna de Los Ángeles, luego de que la antigua estructura fuera destruida tras el terremoto del año 2010.

Fue así que este 2025 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos busca aumentar la cantidad de estos recintos, dentro del "Plan Maestro de Infraestructura Carcelaria", que se impulsa por la cartera y busca complementar estas obras en los puntos del país donde son necesarias.

Cabe señalar que el recinto que se emplazaría en Los Ángeles tendría una mayor capacidad; según lo informado desde la Subsecretaría de DD.HH., aumentaría en 800 internos, y busca responder a la situación estructural que permita la reinserción con más fuerza y con un foco en mejorar los programas de trabajo.

Hace 14 años, el centro penitenciario ubicado en la avenida Vicuña Mackenna, en el sector sur de la capital provincial de Biobío, resultó severamente dañado. La población penal de ese día fue evacuada y trasladada hasta otros recintos, y hoy solamente es usado para medidas cautelares nocturnas.

En términos jurídicos, mantener a una persona en condiciones indignas puede configurar tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibidos por nuestra Constitución y por tratados internacionales suscritos por Chile, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La precariedad actual expone al Estado a eventuales responsabilidades internacionales, lo que hace que la construcción de un nuevo centro penitenciario no sea un lujo, sino una obligación jurídica y ética.

Pero este debate no debe reducirse a levantar muros y rejas. Una nueva cárcel para Los Ángeles debe ser concebida bajo un modelo moderno, que incorpore áreas educativas, talleres laborales, atención psicológica y programas de reinserción real. Solo así se equilibrará la legítima necesidad de seguridad ciudadana con el mandato legal y moral de rehabilitar a quienes han infringido la ley.

La decisión de construir una nueva cárcel en nuestra ciudad no puede seguir postergándose. Es una inversión en seguridad, en justicia y en humanidad. Lo contrario es perpetuar un sistema que, lejos de prevenir la reincidencia, la alimenta.

Nicolás Arismendi

Socio fundador

Estudio Jurídico Díaz y Arismendi