Durante mis tres períodos como alcalde de Mulchén no hubo invierno en que no recorriera el territorio para ver cómo estaban mis vecinos producto de las inclemencias invernales.

Desde inundaciones, incendios, caminos cortados y derrumbes hasta los problemas que se generan con los cortes de luz fueron observados en detalle por nuestro equipo y, por cierto, comunicados a la brevedad a los organismos correspondientes del Estado y del mundo privado. Las respuestas siempre fueron disímiles.

Durante el invierno de 2024, en agosto, un fuerte temporal de viento y lluvia azotó la región del Biobío: caminos cortados, casas sin techos, árboles arrancados desde las raíces, familias sin luz en el territorio rural y urbano, invernaderos destrozados, ríos colapsados con sus correspondientes inundaciones. En fin, nada que no supiéramos que podía pasar; sin embargo, y pese a los daños, el tema se agravó cuando comenzaron a pasar los días y las familias de nuestros campos parecieron ser olvidadas por las empresas distribuidoras de electricidad o bien, no estaban preparadas para lo ocurrido.

Quienes somos parte de esta tierra sabemos lo que significan las lluvias y los vientos y, pese a las inclemencias, estamos equipados para soportarlos, porque nos hemos preparado desde siempre para ello.

Esta semana vivimos lo mismo y, mientras autoridades salieron a calmar a la población con informes entregados por las distribuidoras eléctricas, lo cierto es que la realidad volvió a mostrar que no existe capacidad de reacción inmediata ante estas materias. Lo siento y alzo la voz para decir que realmente ¡no estábamos preparados!

Según se lee en la prensa del jueves pasado, la Superintendencia de Electricidad y Combustible generará cargos contra cinco empresas distribuidoras en las regiones de La Araucanía y Biobío, porque no es posible que más de 15 mil clientes o 120 mil personas —tomando como referencia un núcleo familiar de cuatro personas— vivieran casi una semana sin luz por la demora en la reposición del suministro.

Entendiendo la gravedad del problema, el cuestionamiento al que apunto es la falta de preparación de las empresas, las mismas que no entienden que ya no se trata de ciudadanos de segunda clase que parecen no tener voz, porque de no ser por sus manifestaciones que llegaron a la prensa, estas seguirían perdiendo su comida (en el campo se usan las congeladoras para guardar los alimentos), también se perdieron remedios que deben estar en temperaturas especiales (diabéticos) y ni hablar de los electrodependientes.

Es triste ver, además, cómo las alzas en las cuentas de la luz producto de los convenios firmados con las eléctricas en pandemia bajo el gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera siguen generando problemas en las personas más vulnerables, las mismas que también deben vivir sin suministro eléctrico producto de la demora en la reposición. A todas luces, un servicio que no cumple a cabalidad y que puede ser resuelto con más equipos de emergencia de las empresas cuando se anuncian estos sistemas frontales que son parte de todos los inviernos.

Ya no sirve como excusa decir que no se puede predecir la conducta del clima, tampoco que no se puede interpretar el comportamiento de los vientos y las lluvias. Por eso es lamentable ver cómo las empresas realmente no están preparadas y cómo nuestro Estado —independiente de los gobiernos— sigue y sigue imponiendo multas y acciones legales contra las distribuidoras. Es ciertamente un círculo vicioso que, al final del día, pagamos los consumidores.

¡Ha llegado la hora de decir basta! Es el momento de que como ciudadanos exijamos a nuestros parlamentarios legislar a nuestro favor, es tiempo de que los gobiernos consideren a la población rural de nuestro país como a los que viven en las ciudades, y eso, querido/a lector/a, solo depende de nosotros/as, que somos los responsables de elegirlos.

Jorge Rivas Figueroa

Administrador Público

Licenciado en Ciencias Políticas