La crisis de seguridad pública es una de las mayores preocupaciones en Chile, tal como lo indican los estudios de opinión pública desde hace ya varios meses. Y en ese marco, hemos recibido dos buenas noticias: la primera licitación del complejo penitenciario La Laguna, en la Región del Maule, la que aportará 2.320 plazas y el anuncio del ministro de Justicia, Luis Cordero, de impulsar un plan maestro más amplio que contempla el uso del sistema de concesiones para la rehabilitación y construcción de nuevas cárceles como respuesta a la urgencia.

Las declaraciones de la autoridad de utilizar la alianza pública-privada para ampliar la infraestructura carcelaria se dan en un contexto de creciente población penal y déficit de plazas, donde el sistema concesional se presenta como una alternativa que puede aportar soluciones eficientes y sostenibles.

La situación preocupa: las proyecciones oficiales indican que a 2034 las personas privadas de libertad ascenderán a 66.000. Hoy, ya existe un déficit de alrededor de 10.000 plazas, lo que genera una evidente sobrecarga que produce hacinamiento y condiciones precarias para funcionarios y reos.

En este escenario, El Estado, al pagar la infraestructura en forma diferida deja de comprometer recursos presentes que los puede dedicar a otros fines, también urgentes, como la inversión en programas de reinserción social, educación y salud.

Además, la experiencia ha demostrado que el sector privado tiene la capacidad de gestionar de manera más eficiente el mantenimiento de la infraestructura carcelaria, lo que se traduce en un menor valor por interno y mejores estándares de calidad de vida para las personas recluidas. También hay que destacar la decisión de que la empresa a cargo de la concesión sea responsable de la implementación de la infraestructura y algunos servicios anexos, pero que la labor de control y reinserción de los reclusos sigue siendo responsabilidad del Estado a través de Gendarmería.

La realidad muestra que la alianza pública-privada debe convertirse en un motor para el desarrollo que el país requiere, ya sea para responder a las urgencias que tenemos hoy -como la infraestructura escolar, hospitales y otros-, como también para la concreción de obras habilitantes, generando el tan necesario crecimiento económico y empleos en el proceso.

Paulo Muñoz

Investigador asociado

Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)