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Opinión

Mi derecho a una duda razonable


 Por Prof. Pdgo. Juan Manuel Bustamante Michel. Director y secretario de la AFDEM Los Ángeles

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Por mucho que el primer mandatario, Gabriel Boric Font, haya manifestado la intención de dar solución gradual a la Deuda Histórica que el Estado de Chile ha mantenido insoluta por cuarenta y dos años con un importante número de profesores del país – y de los cuales, por desgracia, ya han fallecido cerca de dieciséis mil o más de ellos sin haber visto satisfechas sus esperanzas – tanto en su programa de gobierno, como en la primera cuenta pública entregada al país el uno de junio recién pasado, no puedo menos que hacer notar mi derecho a una duda razonable sobre el particular, precisamente por: 1) el, qué duda cabe, vergonzoso e impresentable lapsus de tiempo transcurrido desde el inicio del problema en comento a la fecha y 2) los para nada creíbles actores directamente involucrados en el tema, al cabo: a) cada uno de los incumbentes políticos, como lo han sido, por un lado, el Poder Ejecutivo (con sus Ministerios de Educación y Hacienda, principalmente) y, por otro, el Congreso Nacional y sus Comisiones de Educación y Hacienda y b) los diversos directorios del Colegio de Profesores de Chile A.G. (desde aquellos que, por designación de la dictadura en los distintos niveles de la organización, representaron una suerte de agentes del Estado, y al servicio del mismo, hasta aquellos que en democracia confundieron al, que era entonces, colegio de la Orden, con un partido político más entre otros del amplio espectro de visiones conocidas).

Y cómo no iba a ser así, cómo no iba a permitirme ejercer mi derecho a tener una duda razonable, tal que lo hago en este instante; en este decantado y confuso presente en el que la Deuda Histórica es más deuda y oprobio que nunca por encontrarse sus víctimas en el, acaso, último sexto, séptimo, octavo o noveno segmento de sus no poco sufridas vidas – pensando en el daño moral derivado del, a su vez, daño material ocasionado a sus ingresos de enseñantes activos en su momento y a sus pensiones de vejez en la actualidad, pero también en las repentinas y, por lo mismo, inesperadas partidas que suelen producirse como consecuencia de una avanzada edad y sus enfermedades concurrentes -, si los políticos de todas las corrientes conocidas (incluso los de aquellas otras inventadas para justificarse a sí mismos en una presencia improductiva que de beneficio, como es obvio, poco o nada han tenido para la sociedad en su conjunto y menos para los docentes en lo específico, salvo alguna honrosa y encomiable excepción, de esas que de tiempo en tiempo aparecen por ahí), se olvidaron por completo de estos profesores, dándoles la espalda (como si nada y sin el menor pudor), tantas veces como lo estimaron conveniente en resguardo de los intereses – y eso es lo que nunca se sabrá – de quién sabe qué influyente poder en ejercicio.

Y cómo no iba a ser así, por cierto, si al mismo tiempo que lo que ha ocurrido con la actividad política, nuestra historia gremial – pero ahora observando esta vergonzosa deuda desde el punto de vista del quehacer del Colegio de Profesores de Chile en el abordaje e intento de solución para ésta en el tiempo – bien nos habla de acomodos y servilismos políticos, de falta de perspectiva, de desidia e inercia directiva (siempre lo mismo y por idénticos cauces y caminos), de ausencia de empatía y compromiso real con los profesores pasivos al olvidar que el pasar presente de los docentes activos (de suyo, lejos mejor que el de los de entonces) es obra precisamente de las luchas que aquéllos libraron en las calles y en todos los espacios en que pudieron expresarse con cuánta acción y medida estratégica se estimó conveniente y afín a los objetivos que en beneficio de todos, sin excepción, se perseguían y que hoy por hoy no pueden ser visualizados cuando en los petitorios sujetos a negociaciones con las autoridades se incluyen necesidades de corto y mediano plazo para los profesores actualmente en servicio y de largo plazo para quiénes, por sus años, requieren de soluciones urgentes e inmediatas por su cercanía a una próxima partida; y con una debida igualdad de trato, donde no se discrimine entre pagos por demandas para unos y pagos por negociaciones para otros, que son la mayoría.  


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