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Opinión

El ejercicio de la autoridad en democracia


 Por Alejandro Mege Valdebenito.

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“Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad. Responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros.” Sócrates 470-399 a.C.

El presidente del centro de alumnos del emblemático Instituto Nacional ante el emplazamiento del presidente Gabriel Boric a que, al expresar sus demandas – legítimas por lo demás – como lo es el mejoramiento de la infraestructura del edificio donde se educan y el aumento del personal, lo hicieran de manera pacífica; respondió, “ninguneando” al presidente (como tituló un diario de circulación nacional): “Gabriel Boric no es una autoridad directa de nosotros”, estimando que lo importante es lo que diga la Municipalidad (de Santiago). La actitud de desconocer a la máxima autoridad del país por parte de un estudiante no es distinta a las realizadas por personas de mayor edad, que incluso la agreden físicamente como ocurrió con un adulto que lanzó una piedra a esta misma autoridad, legítima y democráticamente electa, como lo fue también mojar con agua la cabeza del anterior mandatario en ejercicio. Estos hechos, como tantos otros, similares o peores, que no son infrecuentes, atentan contra el concepto de autoridad, cuya consideración y respeto es lo que permite que las sociedades civilizadas, como consideramos la nuestra, se mantengan en orden y que puedan reconocer y practicar las más elementales reglas de convivencia y de respeto. Si el desconocimiento de la autoridad de los padres, de los profesores, de la policía, de los distintos funcionarios que la ostentan, se acepta sin más, dicha actitud laxa y contemplativa se transforma en un hábito habitual que socava las bases de una sociedad sana y provoca el caos social.
Tanto la educación familiar, como institucional, constituyen un proceso de socialización que se inicia en el seno familiar y a través del cual se aprenden los hábitos, normas y creencias; los valores y formas de conductas elaboradas y aceptadas por la sociedad y donde la legitimidad del ejercicio de la autoridad en un sistema democrático de gobierno está sustentado en decisiones razonadas y morales que aseguren el derechos de las personas en beneficio del bien común, así como el reconocimiento y aceptación de las tradiciones practicadas por la comunidad, a las que se asigna un valor simbólico que debe ser respetado, aunque no se comparta.
Si bien en el ejercicio de su libertad y autonomía una persona pueda expresar su disidencia frente a situaciones de la vida en sociedad, debe hacerlo de manera pacífica ya que nada justifica, menos en democracia, hacerlo por medios violentos y causar daños a personas, destruir sus bienes y los bienes públicos con un costo que debe pagar, directa o indirectamente toda la ciudadanía, instalando una especie de desgobierno donde el ejercicio de la autoridad para controlar conductas antisociales, incluso delictuales, se puede apreciar débil, incluso ausente. Propiciar el diálogo sin condiciones que aseguren que se haga con consideración y respeto por la autoridad, suele resultar un diálogo de sordos con quienes, de manera intransigente, se niegan de hacerlo y solo se escuchan a sí mismos, que no solo descalifican y amenazan, sino que destruyen, hieren y destruyen vidas humanas, provocando indignación, dolor y miedo.
Es peligroso para la democracia, la paz y el bienestar social, que la familia, las instituciones educacionales y las autoridades de todos los niveles abandonen su responsabilidad de ejercer la autoridad que legítimamente tienen de educar en deberes y derechos, así como en valores de humana convivencia para orientar y contener las acciones que ponen en riesgo la vida en comunidad.

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