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Algunos costos docentes en el tiempo


 Por Prof. Juan Manuel Bustamante Michel
Presidente de la AFDEM Los Ángeles

Prof. Juan Manuel Bustamante Michel Presidente de la AFDEM Los Ángeles
Prof. Juan Manuel Bustamante Michel Presidente de la AFDEM Los Ángeles

No son pocos los costos que los profesionales de la enseñanza hemos tenido que pagar a lo largo de la última media centuria en el ejercicio de nuestras funciones docentes (los pedagogos, los que hemos estudiado pedagogía o ciencias de la educación, los cualificados y acreditados como profesores por la sociedad para contribuir desde esta noble condición, a través del acto pedagógico, o acto docente, o acto educativo, a la formación y desarrollo de las generaciones de recambio que la misma necesita); en otros términos, antes y durante la municipalización de la educación estatal y sin dar cuenta aún de los abusos de los Servicios Locales de Educación (SLE) que recién se inician con la denominada Nueva Educación Pública (NEP).

Unos de los primeros costos que tuvimos que pagar en los años setenta – al margen de los políticos, que fueron sencillamente trágicos para muchísimas familias docentes y sus cercanos (padres, hermanos, esposas, hijos, amigos) -, dijo relación con unos obligados aportes mensuales cargados a todos los profesores del país sin excepción por las autoridades del momento, descontados por planillas (y por mucho tiempo), para la construcción de lo que sería a la postre el “Hospital del Profesor” en Santiago. Aportes que fueron decididos de manera inconsulta y la anuencia del Colegio de Profesores de Chile ya existente, cuyos dirigentes, por lo demás, para cada uno de los niveles de la organización, eran designados por el gobierno militar imperante. En este caso, recuérdese nada más que esta “Orden”, la nuestra (que así se definía a los colegios profesionales por esos años, antes de que se convirtieran, de “organizaciones pseudo caballerescas”, en asociaciones gremiales o AG propiamente dicho), fue creada el 16 de octubre de 1974 por Decreto Ley 678 en reemplazo del poderoso Sindicato Único de Trabajadores de la Educación.

Hospital, volviendo al tema, que más tarde – sin el concurso de quienes aportamos de norte a sur y de la cordillera al mar con miles de millones de pesos para su construcción y sin que se diera cuenta detallada de la recaudación final, como debió haber sido) y esto, antes de que prestara servicio alguno, ni en lo más mínimo, a sus beneficiarios – fuera vendido a terceros interesados y constituirse en una clínica más entre otras del ámbito.

Un siguiente costo – y semejante al anterior – fue el que por esos mismos años afectó a todos los profesores de la provincia de Biobío, a los cuales se les descontaron en paralelo erogaciones no voluntarias por varios meses, con el beneplácito del directorio provincial del Colegio de Profesores), con el objeto de que se construyera una Plaza de Juegos Infantiles – que es la que está emplazada en la Avenida Ricardo Vicuña de la ciudad de Los Ángeles -, misma que más tarde sería presentada en su inauguración como un aporte de la Municipalidad a la comunidad local.

Pero el colmo de los colmos en esto de los costos pagados por los enseñantes en el tiempo – y ahora situados en plena educación municipalizada – es el que ha dicho relación tanto con (1) la generación en 1981 por parte de los alcaldes designados del gobierno autoritario de la muy mentada Deuda Histórica que nos ha afectado hasta el presente, la cual, junto con afectar nuestro derecho de propiedad, según lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una última sentencia suya referida al tema, trajo por añadidura una pérdida notable de nuestro poder adquisitivo y un profundo daño previsional traducido a la postre en pensiones de hambre; como con (2) la asunción por parte de la totalidad de los enseñantes municipalizados del cien por ciento de los costos del teletrabajo derivado de la pandemia en desarrollo (los sociales, económicos, materiales, psico laborales, entre otros), sin que el Estado a través de las municipalidades se hiciera cargo de ellos, como debió haber sido desde sus inicios. Una realidad, qué duda cabe, que bien refleja los eternos abusos de que hemos sido objeto los profesionales de la educación, los pedagogos, y ante los cuales los dirigentes gremiales han resultado de suyo inoperantes.

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