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El 11 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.180, dando inicio legal a la transformación digital de nuestro Estado, un proceso que busca modernizar las instituciones usando la innovación y las herramientas tecnológicas disponibles para terminar con la excesiva burocracia, agilizar todo trámite y, con ello, apuntar al objetivo de todo Estado, que es mejorar la calidad de vida de sus habitantes, es decir, una buena idea que busca el Bien Común.
En concreto, se trata de terminar con gran parte del papeleo y acabar con ese ir y venir entre instituciones del Estado para buscar uno y otro certificado, trámites engorrosos y que muchas veces se estacaban por simples voluntades.
Esta norma nace en momentos en que los chilenos trabajamos en una nueva Carta Magna, por lo que está en condiciones de partir junto a esta nueva Constitución, lo que daría paso de inmediato a un Estado ágil y moderno que valoriza el tiempo y comodidad de sus habitantes.
Desde su fecha de publicación, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera se puso como primer paso el 2022 para comenzar con la modernización digital completa, y aunque ese es el deseo, lo cierto es que es posible que este proceso dure más tiempo en implementarse a cabalidad.
Durante esta semana, junto a un grupo de funcionarios de la municipalidad de Mulchén nos trasladamos hasta la comuna de Catemu, en la región de Valparaíso, para conocer en terreno la partida de una experiencia que ya inició esta gran reforma modernizadora llamada transformación igital, cuestión que seguiremos haciendo dada la importancia de la materia.
De acuerdo a la Ley 21.180, los procesos administrativos de cada una de las instituciones del Estado pasarán del papel físico al papel digital, salvo aquellos trámites y documentos que la misma norma considere como excepciones.
Además, solo de pensar en el fin de las filas y en una identidad digital queda claro que vamos bien, pero lo cierto es que dada la pandemia, en La Moneda debieran entender que los tiempos deben ser modificados.
Pese a que el plazo para la primera etapa es 2022, lo cierto es que a diferencia de la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas y los gobiernos regionales, los municipios (contemplados también para la partida) estamos concentrados en devolver la normalidad a nuestros vecinos, pero siguiendo el mandato imperativo de esta ley volvemos a sacrificarnos, pues sabemos que somos la primera puerta de entrada del ciudadano con el Estado.
Si bien se trata de un tema necesario, lo cierto es que esta ley es otra de las tantas impulsadas por este gobierno que carecen de financiamiento para los municipios, las que estamos tratando de palear los déficits provocados por la pandemia, destinando nuestros escasos recursos a solucionar los problemas inmediatos de todas nuestras realidades.
Es necesario decir que esta reforma es indispensable, que tiene objetivos loables, pero mientras las grandes instituciones del Estado tendrán dinero para ello, los municipios seguimos siendo los parientes pobres y el poder central sigue reflejando el miedo a perder la concentración de todo.
Al cerrar, estas preguntas se hacen carne. ¿Quién pondrá los recursos y quién verá el tema de tener una carretera digital que termine con las deficiencias y la discriminación que existe entre la ciudad y el Chile rural, y que quedó en una brutal evidencia en esta pandemia, o seguiremos profundizando las diferencias?
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