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Chile tiene una deuda, y una deuda vergonzosa con sus maestros, misma que se ha extendido por cuarenta años a la fecha y sin que gobierno alguno se haya dignado resolverla en favor de quienes son los agraviados. Recuérdese nada más que con motivo del traspaso de los establecimientos educacionales a las municipalidades -entidades inexpertas, hasta ahora, en gestión de sistemas educativos-, los profesores, a causa de una discriminatoria decisión de los alcaldes designados de la época (la democracia representativa no existía), dejaron de percibir el reajuste de remuneraciones del 90% otorgado a (todos) los funcionarios del Estado sin excepción alguna, por medio del D.L. 3.551, ello, en la creencia -pauteada, qué duda cabe- de que los docentes habían perdido su calidad de trabajadores públicos a causa de un proceso (y eso es claro también) que no tuvo otro fin que la desarticulación vertical y a ultranza del poder sindical de los profesores y asistentes de la educación reunidos en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) existente en esos años.
La deuda en comento -la deuda de Chile con sus maestros (que hoy afecta a cerca de 60.000 docentes de los 80.000 que eran, porque para economía del Estado ya se han muerto alrededor de 20.000 de ellos)- ha sido reconocida en nuestro medio tanto por el Poder Ejecutivo como por los Poderes Legislativo y Judicial, respectivamente, pero también por organismos políticos y judiciales internacionales, llegando, incluso, a la evacuación de informes y recomendaciones en el sentido de que tal impronta debía ser resuelta y de una manera lo más digna posible para cada uno de los afectados.
Sugerencias, desde luego, que no se han cumplido jamás, y por una razón muy sencilla de entender: los profesores afectados por esta deuda no constituyen, pero en modo alguno, una prioridad para nadie , porque en los hechos sus problemas y, por lo tanto, sus demandas, normalmente son relegadas, y de manera perversa, a segundos, terceros, cuartos y hasta enésimos planos por razones y necesidad nadie sabe de quién. Falta de rigor a la que no están ajenos -y esto, se quiera que no, así de claro- ni siquiera los dirigentes del Colegio de Profesores de Chile, cuya gestión al respecto ha resultado ser a todas luces nula, atendida la solución final esperada.
Sobre esto último, llama poderosamente la atención -por particular y curiosa- la afirmación que dice: estuvimos u2018a punto de lograrlou2019, colegas , como si el problema de la Deuda Histórica hubiese sido resuelto para siempre en beneficio de los requirentes. Así como igualmente llama la atención la expresión: una reparación digna a la Deuda Histórica , tal que el daño causado desde entonces no hubiera sido lo suficientemente poderoso para quienes han debido vivirlo en su día a día durante las aludidas cuatro décadas.
Del mismo modo llama la atención la atenuación que declara: hemos solicitado un mejoramiento a las pensiones y un bono pagadero por una sola vez , sin especificar montos, olvidando que para dar lugar a una eficaz negociación se requieren propuestas muy concretas de los incumbentes concertados con el fin de que se pueda acceder a un término medio que implique, al cabo, una justa solución.
Ante todo esto, ante este hecho que constituye una vergüenza nacional e internacional, es de suyo evidente que se necesita contar con una Asociación de Profesores Jubilados de Chile (Aprojuch) -y un registro único de socios- que se haga cargo de la diversidad de problemas que afectan a este segmento profesional, entre los cuales está, desde luego, y con carácter de prioritaria, la mentada Deuda Histórica, generadora -como es de suyo sabido- de tantos dolores, desesperanzas y frustraciones para muchísimos maestros. Una Aprojuch que sea cobijo de la diversidad: acogedora, plural, inclusiva y democrática; que en los hechos prescinda de todo lo que pudiera acabar con las esperanzas de sus asociados .
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