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Para nadie es desconocido que cada término de año se transforma -a pesar de las fiestas de esperanza y alegría que constituyen la Navidad y el Año Nuevo desde siempre- en una eterna incertidumbre (y su inevitable y destructivo impacto emocional) para los docentes denominados contratados y de reemplazo, puesto que si no existe una mirada social de la realidad por parte de las autoridades de la educación pública (hablamos de ella, ¡qué curioso!), lamentablemente habrán de pasar, como si nada, los meses de enero y febrero sin las remuneraciones a que deberían tener derecho como todo trabajador que ha cumplido al detalle con sus obligaciones, académicas en este caso, no obstante ser muchos de ellos, y acaso todos -¡qué duda cabe! -, abnegados, entregados y comprometidos profesionales con su quehacer de enseñantes. Periodo en que, por añadidura, y como es de entender (algo de suyo obvio para toda la comunidad de educadores), se multiplican las tareas de la AFDEM en defensa de los derechos laborales y fundamentales de cada uno de sus incumbentes.
En el mismo sentido, para nadie debería resultar un misterio que a causa de la pandemia generada por el coronavirus, las condiciones de trabajo de los docentes titulares, contratados y de reemplazo, se vieron todavía más dificultadas de lo habitual, puesto que como resultado de la instalación (se entiende que excepcional) de la modalidad sustitutiva de enseñanza que debieron enfrentar -como fue y seguirá siendo, según se ve, la denominada educación remota o educación a distancia- tuvieron que asumir costos sociales, económicos, materiales y psicolaborales que se derivaron de la misma, tanto por lo extenso de sus jornadas de trabajo (de la mañana a la noche y de lunes a domingo, cada semana), como por el cambio de escenario que representó el transformar sus hogares en verdaderos centros de enseñanza en franco desmedro de la habitualidad familiar al verse alteradas, entre otras cosas, las relaciones parentales, las tareas cotidianas de la casa y el uso de los distintos bienes privados que, para el caso, como si hubieran sido cedidos, pasaron virtualmente a manos de los colegios tal como si fueran objetos de su propiedad.
Por otra parte, se torna una legítima impronta agregar al panorama hasta aquí descrito el que muchos docentes de la condición contractual en comento -enojosa situación, esta, porque se trata de docentes como todos los demás-, no obstante haber sido requeridos a la autoridad competente por sus respectivos directores con la debida antelación, unos, o haber trabajado durante todo el año para sus educandos -y de cuyos servicios existen en cada centro de enseñanza y en los domicilios de los estudiantes las evidencias respectivas-, otros, están viendo cercenadas sus expectativas y esperanzas de percibir remuneraciones en los meses ya mencionados por el solo hecho de que sus decretos de nombramiento, con arreglo a ciertos tecnicismos jurídicos, fueron cursados a partir de agosto del año recién pasado, impidiéndose con ello su derecho a impetrar una remuneración como todos, y por no haber acumulado seis meses continuos desde el 1 de julio al 31 de diciembre, como lo señala la ley, tema que fue abordado con la autoridad educacional para su reconsideración cuando lo del PADEM, y luego en forma documentada, sin que hasta ahora haya habido señal alguna de posibilidad de arreglo.
Se trata de la incertidumbre de siempre y, encima de todo, agravada para algunos docentes por medidas a todas luces injustas, que sin lugar a dudas conllevan menoscabo, desconsideración, falta de empatía, vulnerabilidad social y humana, y sobre todo, una sensación de desestimación de los aportes profesionales de quienes, no obstante la pandemia y sus consecuencias, lo dieron todo, y sin límites, por sus educandos, así como lo hemos hecho de por vida los pedagogos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades.
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