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Pensando en una mirada diacrónico / sincrónica, diríase que han sido por lo menos cinco los grandes hitos intra y extra institucionales y mixtos que - más para mal que para bien - han marcado a la educación pública local (y nacional también, qué duda cabe) desde sus inicios en agosto de 1981 a la fecha, con motivo de su traspaso a las municipalidades; destacándose, al cabo, la instalación de un modelo de gestión macro, meso y micro sistémico de suyo verticalista, la paulatina e inorgánica sobredotación de personal docente y asistente de la educación (incluida la dotación requerida para la administración del Sistema), la masiva y continua disminución de la población de estudiantes, la baja en la calidad de la educación y el daño previsional provocado a toda una generación de docentes ya jubilados y por jubilar.
Respecto del modelo de gestión asumido, cabe señalar que como se trataba de tener por esos años un férreo control sobre la población del país desde las municipalidades y, en este caso, sobre las comunidades escolares, pero principalmente sobre los docentes y asistentes de la educación por parte del gobierno de la época, que de paso venían de haber sido desmembrados gremialmente, al igual que el propio Sistema Escolar, con la disolución del más grande y poderoso sindicato existente en nuestro medio, como lo era el SUTE (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación), fue preciso la instalación de un sistema verticalista a ultranza en el contexto de lo que pasó a denominarse: Departamento de Educación Municipal (DEM) o Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM) , constituido por niveles jerárquicos sujetos a un estricto conducto regular que hacía virtualmente imposible que el común de los requirentes pudiese llegar de manera expedita a la autoridad de que se tratase, en desmedro del diálogo y la generación de inteligencias colectivas en pro de un trabajo colaborativo.
En relación con la sobredotación de personal en la que se redundó, es preciso indicar que en sustancia tuvo que ver tanto con la mirada propia del autoritarismo imperante en los años ochenta, como con las conveniencias políticas u otras concurrentes de las autoridades que sobrevinieron con motivo del advenimiento de la democracia a partir de los noventa del siglo pasado, generándose un severo desbalance entre lo que son los docentes titulares y los contratados (profesionales, estos últimos, que desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares, según el Art. N° 25, Inciso Tercero de la Ley 19.070) en el Sistema Comunal de Educación, superándose, y con creces, el 20 % permitido por el referido cuerpo legal, al punto que en la actualidad no ha faltado el caso donde un docente titular haya sido desplazado de manera explícita por algún docente contratado para cumplir labores de codocencia hoy inexistentes en la ley que regula a estos profesionales.
Igualmente preocupantes que los hitos anteriores han sido, por cierto - y siguen siéndolo - la ostensible y continua baja experimentada por la población escolar pública desde los comienzos de la municipalización a la fecha, misma que ha venido a representar un, por lo menos, curioso contraste con el de la sobredotación de personal ya comentada; el progresivo deterioro de la calidad de la educación (es decir, en la enseñanza y los aprendizajes) evidenciado en los magros resultados académicos de los educandos obtenidos en el SIMCE y la PSU, no obstante lo descompresión discente manifestada en las aulas escolares y el mayor número de docentes disponibles; así como la muy pregonada, conocida e insultante Deuda Histórica y daño previsional provocado a los profesores luego de insertos en el nuevo sistema, hechos, ambos, que son una vergüenza nacional y respecto de los cuales nadie ha dicho esta boca es mía .
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