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Opinión

Mejor con autonomía y voz propia


 Por Prof. Juan Manuel Bustamante Michel, Presidente de la AFDEM Los Ángeles

Profesor Juan Bustamante M.

Todavía no he sabido de dirigente gremial alguno que haya hecho suyos los requerimientos de aquellos profesores jubilados –esos que surgen de la gran mayoría de ellos o de su casi totalidad, probablemente– a quienes no llegaron los distintos beneficios entregados por el Estado como consecuencia de la pandemia coronavirus que afecta al país: ni los que favorecieron a los sectores más vulnerables, ni los destinados a auxiliar a la habitualmente olvidada y desprotegida clase media por cuanto gobierno ha existido.

Tampoco he sabido que se hayan tomado medidas paliativas –gestionadas y defendidas por estos– para que tales  profesores (hablando ahora de quienes optaron por una renta vitalicia) puedan recibir un aporte con características semejantes a las del retiro del 10% que los ahorrantes de las AFP hicieron en sus fondos de pensiones, o la entrega de un bono especial que satisfaga sus necesidades inmediatas, dado que, como todas las personas, han estado igualmente expuestos a las consecuencias del Covid-19, sumando más precariedad a su lamentable y constreñido presente. Todo lo que se ha sabido hace explícita referencia a la denominada Deuda Histórica y de manera tal –

por carecer de propuestas concretas– que se queda solo en las palabras, en oposición a lo que los afectados hubieran esperado de sus dirigentes.

Y la razón es más que simple: “los profesores jubilados –estos a los que afectó de manera directa e inequívoca la Deuda Histórica originada en dictadura y negada de plano por el Estado y las municipalidades en plena democracia– no constituyen para los representantes de que se trate, pero en modo alguno, una prioridad gremial”, porque en los hechos sus problemas y, por lo tanto, sus demandas, normalmente son relegadas a segundos, terceros y hasta cuartos planos, habida consideración también de las legítimas aspiraciones de los profesores activos, como he sostenido en alguno de mis comentarios anteriores.

En este caso, los dirigentes gremiales no deberían olvidar que todo miembro de un colegio profesional o de una asociación de funcionarios públicos, por retirado que esté, conserva –en el evento, por cierto, de que estuviesen estatutariamente consagrados– el conjunto de sus derechos políticos y en igualdad de condiciones que los de cada uno de los miembros activos, salvo que voluntaria y  conscientemente, pero también por escrito, haya resuelto poner fin a su condición de socio de alguna de las mismas.

Otro tema relacionado con lo precedentemente dicho –que agrava la vulnerabilidad en la que se hallan los profesores jubilados– es la total y absoluta dispersión que manifiestan como grupo etario (este que, como es obvio, se ubica entre el ser postrer o ser pasivo y el no ser propiamente tal), formando parte de distintas agrupaciones inconexas generadas en las redes sociales, y que, por lo mismo, carecen de una  genuina representatividad para ellos.

Obsérvese que, por un lado, no es lo mismo ser un apéndice, un compartimento estanco y sin mayor fuerza, en el contexto de lo que se entiende por gremio propiamente tal y, por otro, converger de manera inorgánica en un medio social cualquiera –nada inconveniente, a todo esto, si de mantener algún tipo de contacto con terceros pares se trata, y aunque sea de manera virtual–, porque lo verdaderamente importante es contar con una organización formal, esto es, legalmente constituida, con identidad, objetivos, autonomía plena y voz propia, que es a lo que se debe apuntar finalmente para beneficio de todos.

La idea de fondo, concluyendo ya, dice relación con la necesidad de contar con una Asociación Nacional de Profesores Jubilados –y un registro único de integrantes– que se haga cargo de la diversidad de problemas que afectan a este segmento profesional, entre los cuales está, desde luego, la ya cuarentona Deuda Histórica, generadora –como sabemos– de tantos dolores, desesperanzas y frustraciones para muchos.

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