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Opinión

Apruebo sin varitas mágicas


 Por Victoria Abarzúa

Victoria-Abarzúa-Jara

Todos hemos escuchado alguna vez que en la mesa no se habla de política, de fútbol o de religión. Lamentablemente esta premisa se ha llevado al extremo, agudizando la ya existente desconexión entre la política y la ciudadanía, lo que ha empobrecido el debate.

La discusión en torno a la Constitución es sin duda uno de los debates políticos más importantes de la década. El solo hecho que hoy estemos pensando cambiar la Carta Magna da muestra del momento político que vive nuestro país y que hace unos años era imposible.

Sin embargo, uno de los peligros de esta apuesta de cambio es transmitir a la ciudadanía que esta opción resolverá, tan pronto sea ratificado el documento, los múltiples problemas que se enfrentan. Es decir, que el cambio constitucional en sí es una suerte de varita mágica, algo que erróneamente algunos han intentado instalar.

El cambio constitucional es un proceso en el cual buscamos acuerdos sobre la sociedad que queremos ser y cómo avanzamos hacia ella, generando una regla general que encauza nuestro ordenamiento político y social, unirnos bajo un texto que encauce nuestro ordenamiento político, y aquí uso el término “político” en su connotación más elemental y pura: el cómo organizar la sociedad.

Evidentemente, ante tamaña tarea, surgen temores –algunos más justificados que otros– como ¿quiénes escribirán la nueva Constitución?, ¿cómo definimos qué entra en el texto y qué no?, ¿corremos el riesgo de convertirnos en un país bananero?, ¿podemos llegar a consenso en todas las materias?

Si bien no soy quién para dar respuesta definitiva a estas interrogantes, sí es cierto que el nivel de involucramiento que tenga la sociedad en todo este proceso imprimirá la legitimidad de origen que hoy se le cuestiona al actual texto.

Con esto en mente, la cuestión se torna más práctica de entender, y es que la democracia siempre traerá consigo cierto riesgo, el cual se minimiza con reglas del juego claras y aceptadas por la sociedad.

Es por esto que, incluso con la Constitución vigente, corremos el riesgo de perder el rumbo, ya que no basta con tener un set de normas si estas no están legitimadas y son representativas del sentir de la sociedad. Y ahí está precisamente la mayor oportunidad de este desafío constitucional.

Nuestra tarea es involucrarnos en el proceso, independiente de nuestra posición. Pero para quienes hemos decidido aprobar, el desafío va más allá e implica instalar en este debate a personas capacitadas que nos representen, que puedan llegar a acuerdos y que comprendan los problemas de la ciudadanía, sin caer en reduccionismos falaces.

Solo así podremos aspirar a cambiar ciertos paradigmas que han alejado a la ciudadanía de la actividad política, permitiendo un progreso más inclusivo, sabiendo que en esto no hay magia, sino que disposición al diálogo; y así quizás, en un futuro cercano, no estará “prohibido” hablar de política en la mesa.

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