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Difícil panorama es el que viven los docentes con esto de la enseñanza remota puesta en acción como consecuencia de la pandemia que afecta a Chile y el mundo; esto, si se tienen en cuenta las complejidades propias del acto pedagógico desde sus distintas dimensiones, ninguna de las cuales, como es obvio, podría ser soslayada si se piensa en la calidad de diseño y conformancia que debe caracterizar al currículo áulico como resultado de su planeamiento y posterior efectividad en el curso de su implementación. Recuérdese nada más que en este caso las dos primeras dimensiones del referido acto educativo (la situacional o antepreáulica y la de diseño y construcción o preáulica), más la cuarta de éstas (la de reflexión y toma de decisiones o posáulica) se llevan a cabo en ausencia de los educandos, en tanto que la tercera, con ellos en el salón de clases (la de intervención o áulica), como es de entender.
Ahora bien, si nos hacemos cargo de las complejidades del referido acto educativo en sí mismo, de las distribuciones horarias (19.5 curriculares lectivas y 10.5 curriculares no lectivas a cumplimentarse en el contexto de una jornada semanal de 30 horas cronológicas contratadas) y sus requerimientos específicos, del traspaso de los procesos administrativos y técnico pedagógicos desde los centros de enseñanza a los domicilios de los enseñantes y de las improntas cotidianas de estos últimos en sus hogares, bueno es preguntarse en qué se habrá traducido para los profesores y los miembros de sus familias el ejercicio de la enseñanza remota en desarrollo, y las respuestas, como es obvio, no se han dejado esperar.
De entrada, en un impacto social de innegables consecuencias para el núcleo familiar, toda vez que las relaciones parentales y su atención se han visto francamente alteradas, dada la necesidad de responder pedagógica y administrativamente a los requerimientos de los estudiantes, incluso sin horarios fijos. También, en un impacto económico y material indiscutido, toda vez que debieron asumir virtualmente casi el 100 % de los costos operacionales de esta modalidad de enseñanza, tales como acceso a internet, consumo de energía eléctrica, utilización de señales telefónicas, adquisición o reparación de equipos, impresión de materiales para los educandos, reparto a domicilio en vehículos propios o de arriendo (tanto en el sector urbano, como rural) de los insumos preparados para el trabajo discente en casa, más el préstamo, por cierto, de equipos propios con el fin de asegurar igualdad de oportunidades para cada niño, todos de responsabilidad de los empleadores según lo consigna la Ley de Teletrabajo.
Lo anterior, desde luego, además de las consecuencias psicolaborales que hoy les afectan, toda vez que han debido responder la más de las veces a múltiples, sobredimensionadas e inorgánicas exigencias provenientes de diversas autoridades (directores y jefes técnicos, departamentos de educación, sostenedores y del Ministerio del ramo) y cuyo resultado no ha sido otro que la supeditación a jornadas de trabajo del tipo 24/7, en atención a que los enseñantes en sus hogares y desde sus hogares - junto con diagnosticar, planificar, organizar, ejecutar, evaluar, retroalimentar, reflexionar y reformular propuestas pedagógicas - han debido ocuparse de elaborar materiales para cada uno de los educandos a su cargo; de entregar guías, módulos y prácticos para los aprendizajes; de diseñar y elaborar medios de estimulación para cada aprendiz y para la periferización del espacio pedagógico, que es en lo que se ha convertido la casa de los unos y los otros; de la revisión y evaluación de trabajos; así como de darse tiempo para la preparación de pepetés y vídeos específicos para el reforzamiento de los aprendizajes discentes. Todo esto además de la atención virtual de educandos y apoderados y de tener que asistir a permanentes a consejos administrativos y técnico pedagógicos de habitual ocurrencia en tiempos normales; que es lo que no se ve o no se quiere ver de la enseñanza remota.
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