Chile tiene un modelo de prestación de servicios sanitarios muy

virtuoso. Uno de sus logros más evidentes es que casi el 100% de quienes viven

en ciudades cuenta con servicios de agua potable y alcantarillado de aguas

servidas. Pocos países pueden exhibir un estándar similar. Y de ahí que, en

términos generales, sea estrictamente cierto decir que el sistema funciona.

Pero esto no significa que esté exento de problemas cuya corrección no debiera

seguir dilatándose.

Prueba de ello es que hace ya diez años el Tribunal de Defensa

de la Libre Competencia (TDLC) dictó una sentencia en que no solo acreditó

cobros injustificados y abusivos de dos empresas sanitarias ante solicitudes de

ampliar sus áreas de concesión. También, y precisamente por la magnitud del

problema que observó, fue bastante más allá.

En su fallo, el TDLC estableció, entre otros aspectos, la

obligación de las empresas sanitarias de modificar sus modelos de evaluación

para la prestación de sus servicios por uno basado en parámetros explícitos,

que sean objetivos, transparentes y no discriminatorio; dispuso que la SISS, en

uso de sus facultades legales, impidiera cualquier abuso por parte de estas

empresas y propuso a la Presidenta de la República que, con el objeto de

adecuar la regulación sectorial a las normas que protegen la libre competencia,

modificara una serie de preceptos legales.

Lamentablemente, ante los recursos presentados por las empresas

sanitarias, la Corte Suprema, si bien rechazó las reclamaciones de estas, dejó

sin efecto por un problema de forma las propuestas de modificación normativa

del TDLC.

Así, transcurrida ya una década, la situación ha seguido

empeorando, en el contexto de un país que ha cambiado radicalmente, lo que se

refleja, por ejemplo y para efectos de esta discusión, en el acelerado aumento

de población urbana, la disminución del número de personas por familia, la

llegada de nuevos grupos de inmigrantes y, en consecuencia, una creciente

demanda -con crecientes dificultades también- por acceder a una vivienda.

Hacernos cargo de esta realidad es urgente. Para ello, la

autoridad podría, en uso de sus facultades, implementar planes de desarrollo

sanitario, de carácter progresivo, en aquellos lugares en que actualmente

existe un descalce entre el área de concesión de las sanitarias y el radio

urbano. Y, en paralelo, impulsar cambios normativos que garanticen una relación

equilibrada entre las empresas que entregan este servicio y las constructoras.

Solo así podrá existir una oferta de viviendas acorde a las necesidades de un

país cuyo déficit habitacional va en aumento.

Jaime Mozó B.

Presidente Comité de

Vivienda

Cámara Chilena de la

Construcción