domingo 13 de octubre, 2019

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En educación, la responsabilidad del estado


 Por La Tribuna

ALEJANDRO MEGE

La llamada educación pública o enseñanza pública, como se la debe reconocer,  es aquella que se imparte en un marco de igualdad que permite el acceso a la educación, como un derecho inherente a la condición humana, de todas las clases sociales, permitiendo que en un lugar común se dé el encuentro y la convivencia  entre las personas que, por sobre sus diferencias,   se identifican como hijos de una misma patria,  que comparten igual sentido de unidad nacional, similar sentimiento de pertenencia, así como asumen el deber y el derecho de tener participación activa en la construcción de una realidad social que se vive y que les afecta para la cual todos su habitantes deben estar preparados para asumirla.

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la educación pública, más allá de que haya otras visiones, legítimas por cierto, de una educación impartida por privados, educación que, por lo demás, es anterior a la pública, pero privilegio solo de unos pocos, de una elite social,  hecho que llevó a los gobiernos de José Miguel Carrera,  Bernardo O`Higgins y José Joaquín Prieto –con más consciencia de igualdad social y la necesidad de una educación para todos para hacer crecer y desarrollarse a una nación que la dirigencia política de hoy-  a decretar la obligatoriedad de una educación pública, adquiriendo la “educación del pueblo” rango constitucional en la Carta Magna de 1833 cuando estableció que “La educación pública es una atención preferente del gobierno. El Congreso formará un plan general de educación nacional, y el Ministerio del despacho respectivo le dará cuenta anualmente del estado de ella en toda la república” y dispuso la creación de una superintendencia de educación pública, medida que hoy, 186 años después, se le reconoce  necesaria.

En la reforma a la educación que se pretende instalar a través de la modificación del currículo escolar subyacen elementos propios de  la  concepción elitista de la educación de los tiempos coloniales: una educación solo para quienes tengan méritos para recibirla. Al respecto la pregunta es: ¿De dónde provienen la mayoría, si no todos, los estudiantes considerados meritorios? De la clase culta, como antes, diría la educadora Amanda Labarca, cuyos hijos estudiaban en la educación privada y “en la escuela fiscal, lo hacían el hijo del peón o del artesano”. Igual situación que aflige a  los estudiantes de hoy que, por su condición social, cultural y económica  tienen pocas opciones de acumular méritos, aunque tengan talentos.

Lo esperable en educación de  todo gobierno es que el Estado, cumpla con su rol social para  quienes más lo requieran; que respalde y fortalezca el sistema público de educación y no lo deje abandonado a los vaivenes de la economía de mercado de modo que el sistema público pueda “competir”, si de eso se trata, en igualdad de condiciones con el sistema privado que no tiene las mismas limitaciones ni condicionantes que el abandonado sistema público.

Las observaciones que se hacen, desde distintos sectores a los cambios propuestos en educación, apuntan al desconocimiento de  la lógica y racionalidad de los cambios y solicitan conocer las bases curriculares (aún no conocidas) que lo sustentan y permitir una discusión y un análisis público y democrático.

Alejandro Mege Valdebenito

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